La Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso de protección que más de 60 vecinos de Coyhaique y Puerto Aysén han presentado durante los últimos días en contra de la resolución de la comisión de evaluación de la Región de Aysén que en septiembre de este año aprobó el proyecto Río Cuervo.En la resolución, fechada el 24 de octubre, la justicia dictaminó una orden de no innovar, con lo cual paralizó la tramitación del estudio, y pidió al Gobierno entregar un informe relacionado con los fundamentos del recurso. Para ello le dio un plazo de ocho días, contados desde este jueves.
"Que la Corte haya declarado admisible el recurso y que, más aún, haya dictaminado orden de no innovar da cuenta que para los magistrados el fondo del recurso tiene sustento como para acogerlo a tramitación", señalaron en la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.
La organización impulsa la presentación legal en contra del proyecto de la firma Energía Austral –controlada por la australiana OrigLa Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso de protección que más de 60 vecinos de Coyhaique y Puerto Aysén han presentado durante los últimos días en contra de la resolución de la comisión de evaluación de la Región de Aysén que en septiembre de este año aprobó el proyecto Río Cuervo.
En la resolución, fechada el 24 de octubre, la justicia dictaminó una orden de no innovar, con lo cual paralizó la tramitación del estudio, y pidió al Gobierno entregar un informe relacionado con los fundamentos del recurso. Para ello le dio un plazo de ocho días, contados desde este jueves.
"Que la Corte haya declarado admisible el recurso y que, más aún, haya dictaminado orden de no innovar da cuenta que para los magistrados el fondo del recurso tiene sustento como para acogerlo a tramitación", señalaron en la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.
La organización impulsa la presentación legal en contra del proyecto de la firma Energía Austral –controlada por la australiana Origin Energy y la suiza Glencore Xstrata- para lo cual ha contado con el apoyo de la Fiscalía del Medio Ambiente y el abogado regional Rodrigo de los Reyes.
Algunos de los fundamentos en los que se sustentan estas vulneraciones constitucionales se remiten a irregularidades en el proceso de evaluación, los eventuales riesgos que implicaría levantar un embalse de 13.000 hectáreas sobre una falla geológica activa y en un área rodeada de volcanes, además de la pérdida de ecosistemas únicos no intervenidos.
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