En un juicio simplificado realizado este miércoles, el jefe de Higiene Ambiental de la Municipalidad de San Joaquín, Luis Donoso, fue sentenciado a 41 días de cárcel por el delito de maltrato y crueldad con animales, producto de una matanza de perros ocurrida en octubre de 2008, lo que le valió ser destituido del municipio, al igual que otros cinco trabajadores implicados.
La querellante y fundadora de la entidad ProAnimal Chile, Patricia Cocas, manifestó que “tenemos sentimientos encontrados, porque si bien este proceso no volverá a la vida a esos animales y tampoco evitará la tortura por la que debieron padecer, el proceso ha tenido resultados con una sanción ejemplar, 41 días de cárcel para Luis Donoso, jefe de Higiene Ambiental, quién daba las órdenes para que los animales fuesen exterminados”.
Por su parte, el fiscal de la causa y fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Especializada en el Tratamiento de Causas Menos Complejas (TCMC) y Cuasidelitos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Jorge Cáceres, dijo al respecto que “esta es una sanción inédita en nuestra fiscalía para el jefe de los funcionarios implicados, considerando que se le aplicaron las penas previas a la Ley de Protección Animal que son más bajas. Esto deja un precedente y como fiscalía queremos dejar claro que perseguiremos este tipo de delitos”.
Patricia Cocas, por su parte, recordó que “el maltrato animal hoy en nuestro país tiene penas de hasta tres años de cárcel, norma de la cual soy autora, con el techo más alto en el mundo. De la misma forma, espero que este resultado sirva de impulso también para que se apruebe el proyecto de Ley de Tenencia Responsable, por el cual hemos trabajado cuatro años, y que entrega de una vez por todas una solución definitiva a la situación de los animales en las calles, evitando que casos como estos se repitan, pues se centra en la tenencia responsable de animales”.
“Este proyecto fue de iniciativa del gobierno anterior y nació como un proyecto “mata perros”, pero fruto de nuestro trabajo hoy es un maravilloso proyecto que se centra en una solución ética y efectiva, lo que demuestra que sí es posible cambiar el trato a los animales en nuestro país, que es el fin último que perseguimos, prueba de ello las sanciones de este caso y los efectos que tuvo en el municipio también, que se vio obligado a cambiar su ordenanza municipal eutanásica”, dijo la fundadora de ProAnimal.
Finalmente, el fiscal Cáceres explicó que “no hay que olvidar que hay una próxima audiencia para fijar sanciones al resto de los funcionarios involucrados, los cuales fueron ya sancionados además por la Contraloría General de la República”, sentencia que será dictada el próximo 12 de diciembre.
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