En la carta, el Intendente Prohens detalla que el viaje es una iniciativa impulsada en conjunto con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, liderado por el UDI José Durana Semir, y cuyo fin es integrar una comitiva que contaría con dos representantes del pueblo Colla y dos representantes del pueblo Diaguita que visitarían la minera ubicada cerca de la ciudad de Marathon, en el Estado de Toronto.
Todos proyectos que han generado rechazo por parte de las comunidades indígenas de la zona y que han escalado incluso a tribunales.
Además, en septiembre pasado y en fallo unánime la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó de paralizar el proyecto, hasta que Barrick Gold cumpla la construcción de todas las obras destinadas a dar protección al recurso hídrico, entre otras medidas.
La invitación cayó como balde de agua fría en la comunidad diaguita, por lo que su presidenta, Solange Bordones la rechazó a través de un correo electrónico el 9 de agosto a ambos intendentes.
El mail señalaba que “ a través de una votación de las organizaciones se decidió no viajar representando al Pueblo Diaguita de Atacama, y que si algún diaguita lo hiciera lo haría a título personal y no representando a los diaguitas, ya que la empresa minera que enlaza la invitación, nos resulta cuestionable medioambientalmente hablando, por sus irregularidades, incumplimiento de compromisos y potencialmente peligrosa para nuestra agricultura y transhumancia, por el conflicto hídrico que se produce para compatibilizar dichas actividades ancestrales de nuestro pueblo con la minería”.
Además, le advierte que piensan solicitar una investigación de Contraloría “porque nos parece cuestionable esta invitación en caso de que se estuviera viajando con fondos estatales para fortalecer una empresa privada, son concurso alguno, y esto nos parecería impresentable. Nuestras sospechas apuntan a que las invitaciones las encabezan dos intendentes y no la minera propiamente tal”.
Al ser consultados al respecto, desde el gobierno regional de Atacama señalan que el intendente “recibió esta invitación pero no se hizo partícipe de ella, y como no viajó hizo extensiva la invitación a otras comunidades a ver si querían participar. Pero no es una invitación que haya salido de él”.
Favores a privados
Según explica el abogado de las comunidades diaguitas, Lorenzo Soto, cuando recibieron la invitación “estábamos en la fase de preparación de toda la batería de acciones y consultando a los servicios”. Fue así como en septiembre de 2012, dos meses después de recibida la invitación, 13 organizaciones diaguitas presentaron el recurso de protección que paralizó el proyecto.
Para Soto “la pregunta que habría que hacerse es ¿quién paga este viaje? ¿de dónde sale la plata? Si paga Barrick es feo y si paga la Intendencia igual de feo. Fondos públicos destinados a servir intereses. Y fondos privados gestionados por autoridad pública”. Por eso, asegura que esta situación “ameritaría la salida inmediata del intendente por faltas a la probidad. Es escandaloso”.
Opinión con la que el diputado Enrique Accorsi (PPD) concuerda. El parlamentario es miembro de la comisión investigadora de Pascua Lama, donde el abogado Lorenzo Soto presentó los documentos. Según Accorsi se le va a pedir al Presidente Sebastián Piñera la salida de ambos intendentes. “Si no hay el acuerdo de la comisión lo pediremos como Nueva Mayoría absolutamente”.
Accorsi señala que “para que haya independencia, el Estado debe cumplir su rol de fiscalización y no involucrarse en los proyectos, porque eso desequilibra completamente la balanza. Este es un ejemplo de lobby e influencia por parte del propio gobierno en la toma de decisiones y tenemos evidencia que es bien clara: se trata de influir en diaguitas para que no hagan uso de sus herramientas para defenderse. Esto demuestra participación del Estado”.
En opinión el profesor experto en derecho administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, en este caso “en rigor no existe una contravención específica, pero si una afectación general al principio de probidad, porque de conformidad a la ley en el ejercicio de la función se debe actuar con “preeminencia del interés general”, de modo que no se pueden favorecer intereses privados específicos”.
Agregando que la invitación “además la hace a nombre del gobierno regional, con lo que se compromete a la autoridad global. Este tipo de medidas, es un problema de desprolijidad total: no puedes exponer a la autoridad y a la población a una cosa como esta, porque está en el límite de lo que lesiona fuertemente la confianza pública”.
Fuente: El Mostrador
No hay comentarios:
Publicar un comentario