El gobierno de Sebastián Piñera inscribió a un millar de detenidos desaparecidos, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), en los registros electorales, de cara a los comicios municipales de octubre de este año y presidenciales de 2013. El estatal Servicio Electoral sostuvo que la inscripción se realiza "porque legalmente no están muertos".
El hecho fue admitido por el director del organismo, Juan Ignacio García, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien afirmó que el tema de fondo "es que hay un Estado que no enfrenta la situación de la desaparición forzada". "Esto también es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias", sostuvo la dirigente que agregó que ahora Chile sufre las consecuencias de un Estado que nunca asumió el genocidio y que no resuelve la situación jurídica de los desaparecidos "por lo que siguen estando legalmente vivos, aunque fueron plagiados hace 40 años". "Debiera haber un mínimo de criterio y respeto. En Chile sabemos quiénes son detenidos desaparecidos.
Es una situación repudiable", dijo Mireya García, de la misma agrupación. La mujer, detenida y torturada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), además lamentó la falta de prolijidad de las autoridades y observó que una gran parte de quienes están hoy en el poder respaldaron antes al régimen militar. En tanto, la subdirectora del Servicio de Registro Electoral (Servel), Elizabeth Cabrera, negó a los periodistas que la situación del millar de inscritos se trate de un "error". La funcionaria afirmó que el Registro Civil no tiene antecedentes para sacarlos ni para informarlos en un listado de fallecidos "porque no hay ni certificado de defunción emitido por médicos, ni sentencia de muerte presunta emitido por algún tribunal", apostilló. "Esas personas van a estar ahí hasta que operen los tribunales en esos procesos que están pendientes, que tienen que finalizar, pero el servicio no puede actuar antes de esto", enfatizó. El hecho ocurrió después de que el Parlamento aprobase meses atrás una reforma que declaró automática la inscripción de mayores de 18 años en el padrón de votantes, sumando a cinco millones de ciudadanos a éste en un proceso que concluyó hace unas semanas. Hasta esa fecha, los ciudadanos chilenos mayores de edad debÍan inscribirse para votar y sufragar de forma obligatoria, a menos que presentaran un justificante ante las autoridades, lo que habÍa alejado a los jóvenes de las urnas y envejecido el padrón electoral. Además de la inscripción automática y el voto voluntario, el nuevo articulado también establece mesas de votación mixtas, hasta ahora hombres y mujeres votaban por separado, y permitirá la inscripción en el padrón de los chilenos que viven al extranjero, quienes, sin embargo, sólo podrán votar en Chile. El incidente ocurrió un día después que el presidente Sebastián Piñera pidiera perdón por los errores de su gobierno, los que derrumbaron su popularidad a un mínimo histórico de 25 por ciento en encuestas. Piñera, quien en su campaña mantuvo una reunión con cientos de militares procesados por violaciones a los derechos humanos, no comentó hasta ahora los hechos. En Chile, unas 2 000 personas fueron ejecutadas en la dictadura y otros 1 000 fueron desaparecidas, según informes oficiales emitidos en democracia a partir de 1990. Otros 30 000 ciudadanos chilenos y extranjeros fueron torturados, incluidos niños de dos años.
El hecho fue admitido por el director del organismo, Juan Ignacio García, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien afirmó que el tema de fondo "es que hay un Estado que no enfrenta la situación de la desaparición forzada". "Esto también es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias", sostuvo la dirigente que agregó que ahora Chile sufre las consecuencias de un Estado que nunca asumió el genocidio y que no resuelve la situación jurídica de los desaparecidos "por lo que siguen estando legalmente vivos, aunque fueron plagiados hace 40 años". "Debiera haber un mínimo de criterio y respeto. En Chile sabemos quiénes son detenidos desaparecidos.
Es una situación repudiable", dijo Mireya García, de la misma agrupación. La mujer, detenida y torturada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), además lamentó la falta de prolijidad de las autoridades y observó que una gran parte de quienes están hoy en el poder respaldaron antes al régimen militar. En tanto, la subdirectora del Servicio de Registro Electoral (Servel), Elizabeth Cabrera, negó a los periodistas que la situación del millar de inscritos se trate de un "error". La funcionaria afirmó que el Registro Civil no tiene antecedentes para sacarlos ni para informarlos en un listado de fallecidos "porque no hay ni certificado de defunción emitido por médicos, ni sentencia de muerte presunta emitido por algún tribunal", apostilló. "Esas personas van a estar ahí hasta que operen los tribunales en esos procesos que están pendientes, que tienen que finalizar, pero el servicio no puede actuar antes de esto", enfatizó. El hecho ocurrió después de que el Parlamento aprobase meses atrás una reforma que declaró automática la inscripción de mayores de 18 años en el padrón de votantes, sumando a cinco millones de ciudadanos a éste en un proceso que concluyó hace unas semanas. Hasta esa fecha, los ciudadanos chilenos mayores de edad debÍan inscribirse para votar y sufragar de forma obligatoria, a menos que presentaran un justificante ante las autoridades, lo que habÍa alejado a los jóvenes de las urnas y envejecido el padrón electoral. Además de la inscripción automática y el voto voluntario, el nuevo articulado también establece mesas de votación mixtas, hasta ahora hombres y mujeres votaban por separado, y permitirá la inscripción en el padrón de los chilenos que viven al extranjero, quienes, sin embargo, sólo podrán votar en Chile. El incidente ocurrió un día después que el presidente Sebastián Piñera pidiera perdón por los errores de su gobierno, los que derrumbaron su popularidad a un mínimo histórico de 25 por ciento en encuestas. Piñera, quien en su campaña mantuvo una reunión con cientos de militares procesados por violaciones a los derechos humanos, no comentó hasta ahora los hechos. En Chile, unas 2 000 personas fueron ejecutadas en la dictadura y otros 1 000 fueron desaparecidas, según informes oficiales emitidos en democracia a partir de 1990. Otros 30 000 ciudadanos chilenos y extranjeros fueron torturados, incluidos niños de dos años.
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