Contraloría revela masiva pérdida de recursos destinados a educación de los más pobres de Chile.

Por: CIPER en Actualidad y Entrevistas Publicado: 10.05.2012 
De entre los miles de millones de pesos que se entregan a la educación pública y particular subvencionada, los recursos vinculados a la Ley SEP son probablemente los únicos destinados directamente a mejorar la calidad de la educación que se imparte en Chile. Un informe de la Contraloría desnuda cómo municipalidades y corporaciones municipales han despilfarrado, mal usado y perdido miles de millones destinados a entregar igualdad de oportunidades a los niños que más lo necesitaban. Entre esos montos destacan $25.559 millones que desaparecieron en un nuevo foco de corrupción.

La Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) buscaba entregar más recursos a los alumnos más pobres para mejorar la calidad de su educación. Comenzó a funcionar en 2008 y hasta 2011 implicó la entrega a de casi $700 mil millones. Un “informe final consolidado” de la Contraloría dado a conocer este jueves 10 de mayo, en base al examen del uso de esos recursos en 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales de todo el país (muestra aleatoria), indica que estas ambiciones no se cumplieron: Que miles de millones de pesos de este programa están mal usados y otros miles perdidos. En una de las partes más contundentes del informe los fiscalizadores afirman que “37 municipios y 15 corporaciones” no tienen en sus cuentas los excedentes no gastados de la Ley SEP.

En el caso de los municipios se trata de $13.740 millones; mientras que en las corporaciones el dinero faltante asciende a $11.819 millones. La suma de estas dos cifras alcanza a $25.559 millones. Este hecho, afirma el ente contralor, deja de manifiesto un hecho grave: “que tales entidades aplicaron tales recursos en fines distintos de los previstos en la Ley SEP, incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales adscritos al convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa”.

En diversos casos se comprobó que estos recursos “fueron aplicados a gastos operacionales propios de municipios y corporaciones, lo que ha dado origen a diversas causas penales”.

El informe está basado en la fiscalización a 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales que recibieron más de $122 mil millones entre 2008 y 2011. La inspección incluyó la revisión de 2.310 colegios municipales que debían ser beneficiados con los recursos para poder cumplir metas, entre las que estaba subir puntajes SIMCE. En sus 181 páginas da cuenta de un completo desorden de cifras prácticamente desde el inicio del proceso. De hecho, los fiscalizadores destacan que hay $300 millones de diferencia entre los que el Ministerio de Educación dice haberle enviado a las municipalidades y lo que estas tienen en sus contabilidades.

Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio registra haber ingresado en 2009 $105 millones, pero el Mineduc asegura haberle trasferido $124 millones. Es decir, solo en el acto de traspaso se perdieron $18 millones. Similar cosa ocurre en la Municipalidad de Victoria (Araucanía) que en 2010 tiene registrado un ingreso por Ley SEP de $516 millones, mientras que el Mineduc afirma haberle entregado $537 millones ($20 millones perdidos). O en Osorno, donde la contabilidad de 2009 registra $1.038 millones por Ley SEP, $84 millones menos de los que el Mineduc registra haberle transferido. Y eso es solo el inicio.

DINERO QUE SE HIZO HUMO

La irregularidad más grave detectada en la fiscalización de la Contraloría fue que en 37 municipios se detectó que $13.740 millones correspondientes a saldo sin ejecutar de los recursos SEP no estaban en las cuentas corrientes y/o registrados en el “libro banco”. Esto quiere decir que se ocuparon en fines distintos a los previstos para la subvención SEP. Entre los municipios donde la plata no se gastó en la mejorar la calidad de la educación de los niños vulnerables, está Copiapó ($1.120 millones), Ovalle ($2.281 millones), Coquimbo ($2,276 millones), Cauquenes ($1.004 millones), Valdivia ($1.203 millones), La Pintana ($467 millones), Angol ($544 millones), Puerto Montt ($544 millones).

En 15 corporaciones municipales también se comprobó la existencia de un saldo sin ejecutar de los recursos SEP, dineros que se habrían usado en fines distintos a los contemplados en la ley. Ese monto asciende a $11.819 millones. Esto ocurrió en las corporaciones de Iquique ($1.181 millones), La Serena ($1.158 millones), Valparaíso ($1.561 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí ($1.555 millones) y San Fernando ($1.098 millones). La suma del saldo de los recursos SEP que se hizo humo en los municipios y corporaciones, asciende a $25.559 millones.

GASTOS IMPROCEDENTES

En 10 municipalidades se detectó la contratación de personas naturales o jurídicas con recursos SEP para realizar asesorías, pesar de que no cumplían con el requisito exigido por la ley de que estuviesen inscritos en el Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Estas contrataciones improcedentes significaron un gasto total de $1.133 millones. Estos municipios son Caldera, Vallenar, Copiapó, Monte Patria, Ovalle, Putaendo, Temuco, Collipulli, Llanquihue y Calbuco. El mismo gasto se constató en cuatro corporaciones (Antofagasta, Cerro Navia, Maipú y Renca), pero por un total mucho más bajo: $24,8 millones.

Donde los gastos improcedentes se disparan es en la contratación y pago de remuneraciones al personal docente de los colegios, un desembolso que no puede hacerse con cargo a recursos SEP. Son 45 los municipios donde se detectó la contratación de personal burlando estas normas, por un total de $8.394 millones. Y en 12 municipalidades se detectaron pagos improcedentes de remuneraciones, bonos, imposiciones e indemnizaciones por un total de $3.195 millones.

Entre estos municipios están los de Coquimbo (con un gasto por este ítem de $648 millones), Temuco ($966 millones), Los Andes ($174 millones), San Antonio ($428 millones), Chépica ($242 millones), Longaví ($119 millones), San Clemente ($208 millones) y Villarrica ($310 millones).

Las corporaciones que incurrieron en pagos de remuneraciones, bonos, imposiciones y horas extraordinarias, son 13. En ellas, la suma de este gasto improcedente alcanza los $ 5.749 millones. Las que más desviaron fondos a este ítem son las de Valparaíso ($2.239 millones), La Florida ($938 millones), San Bernardo ($717 millones), Maipú ($383 millones), Peñalolén ($326 millones) y Puente Alto ($262 millones).

También se detectó que en 39 municipalidades (el 50,6% del total fiscalizado) se contrató personal que no cumplía con el requisito de estar inscrito en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas e Apoyo, por una suma total de $8.621 millones. En el caso de las corporaciones, 15 de ellas cayeron en la misma falta, por un total de $2.283 millones.

Además, 36 municipios incurrieron en gastos por un total de $1.143 millones en rubros que expresamente no debían ser cubiertos con recursos de la Subvención Escolar Preferente, tales como servicios de telefonía celular, gastos comunes, consumo de electricidad, asesorías comunicacionales, honorarios en escuelas de verano, sándwich para reunión de directivos, material de aseo, fumigación, tarjetas de saludos por día del trabajador, cortinas para casa de huéspedes, alojamiento por viaje del asesor legal, alimentación en actividades del mes del mar, gastos de “caja chica” del Departamento de Educación, combustible para vehículos, scanner para oficina de Transparencia, financiamiento de iniciativas del programa Fondo de Mejoramiento de Gestión Municipal, materiales de ferretería y pintura del casino.

Entre las municipalidades que financiaron gastos como los descritos en el párrafo anterior, están las de Monte Patria ($228 millones), Coronel ($116 millones), San Pedro de la Paz ($204 millones), Valdivia ($93 millones), Osorno ($66 millones), San Ramón ($33 millones), Limache ($42 millones), Molina ($82 millones), Estación Central ($16 millones) y Tocopilla ($13 millones).

Las corporaciones que financiaron gastos en rubros ajenos a los previstos para la subvención SEP son 15, por un monto total de $551 millones. Entre ellas figuran las de Puente Alto ($151 millones), Valparaíso ($35 millones), Viña del Mar ($41 millones), Maipú ($75 millones), Antofagasta ($80 millones) y Renca ($62 millones).

Considerando los gastos improcedentes en contratación de personal y en otros rubros ajenos a la subvención escolar, el total del desembolso hecho por municipios y corporaciones que no se ajusta a lo previsto para la subvención SEP, suma $10.639 millones.

GASTOS SIN ACREDITAR

Respecto de gastos acreditados de manera insuficiente por las municipalidades, el total detectado por la revisión suma $1.012 millones (4,5% de los desembolsos analizados). Un 32,5% de los municipios fiscalizados incurrió en esta falta. Entre ellos están Copiapó ($188 millones), Illapel ($115 millones), Quillota ($129 millones), Coyhaique ($225 millones), Limache ($81 millones), Santiago ($22 millones), San Ramón ($10 millones), Molina y Los Ángeles (ambos con $36 millones). En las corporaciones estos gastos sumaron $1.653 millones y se efectuaron en 14 de estas entidades. Algunas de ella son: Iquique ($550 millones), San Bernardo ($719 millones), San Fernando ($184 millones) y La Serena ($121 millones).

En relación a gastos directamente sin acreditar, éstos fueron descubiertos en ocho municipalidades (10% de las revisadas), por un total de $202 millones. Entre estos municipios se cuenta Limache ($16 millones), Estación Central ($39 millones), Graneros ($63 millones) y Arica ($20 millones). En tres corporaciones se detectó el mismo problema, con una suma global de $21 millones. La mayor parte corresponde a la corporación de San Fernando ($19 millones).

COLEGIOS CERRADOS

La Contraloría estableció que 16 municipalidades recibieron un total de $81 millones por subvenciones SEP destinadas a colegios que ya estaban cerrados, pero no devolvieron el dinero. Entre estos municipios se cuentan La Granja ($15 millones); La Pintana ($1,2 millones), Talcahuano ($2,8 millones), Los Ángeles ($4,7 millones) y Concepción ($6,1 millones). Respecto de las corporaciones, tres de ellas recibieron un total de $7,8 millones para escuelas que ya no funcionaban: la corporación de La Florida ($2,4 millones), la de Puente Alto ($951 mil) y la de Castro ($3,7 millones).

Se estableció también que 29 municipalidades (37,6% del total) no han hecho auditorías para controlar los recursos. Entre estas se cuentan Copiapó, San Ramón, Curicó, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Estación Central, La Granja y La Pintana. Las corporaciones que no han auditado sus cuentas son siete: La Florida, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Renca, Conchalí y San Bernardo.

La Contraloría también constató una débil fiscalización de los recursos por parte del Ministerio de Educación: del total de colegios públicos revisados, esa cartera sólo inspeccionó el uso de los recursos en el 37% de las escuelas dependientes de municipalidades y en el 46,4% de los establecimientos administrados por corporaciones.