El proyecto “incorpora en la regulación las Cuotas Individuales Transferibles, a través de licencias transables de pesca”, pero el gobierno afirma que esta forma de privatizar los peces, “no es de aquellas medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”, esto porque “el proyecto en cuestión no ha sido concebido en consideración única o con especial énfasis en los pueblos indígenas”.
El informe señala que una discusión de Ley de carácter “General” que afecta a toda la comunidad nacional, no solo a los indígenas, y que además no afecta “directamente los intereses” de las comunidades originarias, no debe someterse al Convenio Internacional de la OIT, y por tanto la Consulta a estos pueblos no se debe realizar.
Según el informe del gobierno, “el proyecto de ley contenido en el Boletín Nº 8091-21 es una propuesta legislativa de alcance general, que modifica o precisa una serie de aspectos de la ley general de pesca y acuicultura y que no aborda de manera directa, ningún elemento esencial de afectación indígena”.
El proyecto “incorpora en la regulación las Cuotas Individuales Transferibles, a través de licencias transables de pesca”, pero el gobierno afirma que esta forma de privatizar los peces, “no es de aquellas medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”, esto porque “el proyecto en cuestión no ha sido concebido en consideración única o con especial énfasis en los pueblos indígenas”.
El Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca además indican que “tampoco es posible sostener que la medida legislativa propuesta le afecte de una manera no percibida por los otros individuos de la sociedad, sino que solo. Esta afectación es general y de existir afectación ésta alcanzaría a los indígenas o no indígenas de una manera similar”.
De esta forma el Ministro Longueira y el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, intentan bloquear cualquier participación u opinión de las comunidades indígenas, en la discusión de la privatización de las pesquerías.
En Su informe, los funcionarios gubernamentales citan de una manera ladina y mínima al Relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya para justificar que la privatización de las pesquerías y la entrega gratuita de Cuotas Pesqueras Individuales y Transables, no requiere la aplicación del Convenio 169 y por tanto el derecho a Consulta a los pueblos indígenas.
Las modificaciones a la Ley de Pesca están siendo impuestas por los industriales pesqueros, el gobierno, y la presidenta de la CONAPACH, Zoila Bustamante, pero a la cual se oponen la mayoría de los pescadores artesanales que se agrupan en la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal.
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