La Corte de Apelaciones de Copiapó escuchó el lunes pasado los alegatos de dos conocidos abogados: Carlos Figueroa, del Estudio Figueroa, Valenzuela y Cía, y Andrés Jana, de Bofill Mir & Álvarez Jana.
El primero representaba al arquitecto Gonzalo Domínguez y a varias comunidades que se oponen a la instalación de la termoeléctrica Castilla, mientras que Jana iba en nombre de MPX Energía de Chile Ltda., compañía titular de la central que pretende instalarse en la zona de Punta de Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó.
Los alegatos fueron en torno al recurso de protección presentado por Figueroa contra la Seremi de Salud regional, que este año, tras la llegada de la nueva autoridad, Raúl Martínez, cambió la calificación de la Central de “contaminante”, a “molesta”. Anulando así la calificación que había dejado su antecesora, Pilar Merino. El servicio de Salud fue defendido por Adolfo Rivera, del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Hoy la Corte de Apelaciones, en un fallo unánime, acogió el recurso, dejando sin efecto el cambio de calificación que en la práctica allanaba el camino al megaproyecto energético de la primera fortuna de Brasil, Eike Batista.
Lo que implica que la evaluación ambiental continuará paralizada.
“Esto ratifica nuestra tesis de que el Seremi actuó ilegalmente al dejar sin efecto la decisión de su antecesora”, asegura Carlos Figueroa.
Un duro revés para la apuesta energética, que de aprobarse sería la mayor de Sudamérica con una producción que alcanzaría los de 2.300 MW.
Según Figueroa, “es un primer triunfo, aunque no es definitivo”, ya que se espera que ahora apelen en la Corte de Apelaciones, aunque la Corte Suprema es la que en la práctica decide la segunda instancia.
Fallo judicial ratifica que Termoeléctrica Castilla es contaminante
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