“La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial podría ceder si la Corte Suprema designa a Rubén Ballesteros como reemplazante de Milton Juica en la Presidencia del Tribunal”.
Tal juicio, compartido por muchos, genera también dudas, dado el perfil del ministro Ballesteros en materia de derechos humanos, y en el hecho que, por precedencia, hay en el tribunal otros ministros que podrían ocupar el cargo. Si el hecho ocurre, en vez de una solución podría resultar un nuevo problema, si, como lo ven sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, la elección es vista como una decisión presionada por el gobierno para sacarse de encima el tema de los militares presos y tener un interlocutor afín.
Si el actual no parece un buen momento en la cohesión política interna del gobierno, el gallito sobre seguridad ciudadana planteado por el Ministro del Interior al Poder Judicial y al Ministerio Público, parece un problema de fondo. El ministro vocero Andrés Chadwick ha tratado de poner paños fríos al tema, lo que no resulta fácil por la insistencia del titular de Interior en sus juicios, especialmente sobre la Fiscalía Nacional.
Con el Poder Judicial el problema parece más complejo pues se trata de un poder del Estado, con una fuerte cohesión interna.
En una reciente entrevista el actual presidente de la Corte Suprema manifestó que la presión que hoy experimenta el Poder Judicial de parte del gobierno es “mayor que en la época de la vuelta a la democracia”, agregando que las declaraciones de los ministros de Justicia e Interior, sobre escrutar los fallos para determinar los ascensos en el Poder Judicial era una “actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido”. No se quedó ahí en sus juicios. Conocido por su estilo directo Juica remató diciendo que “quienes son los responsables de la seguridad, en algún momento piensan que el fracaso de sus políticas pasa porque algunos órganos, en los cuales ellos no tienen injerencia, no responden a las inquietudes de la sociedad”
Es evidente que lo actuado por Hinzpeter ha creado un escenario difícil para el gobierno, que no tiene visos de desactivarse tal como están las cosas, por lo que cualquier ayuda, en este caso la elección de Ballesteros, podría otorgar una holgura que el gobierno requiere.
EL COMPLEJO PERFIL DEL MINISTRO BALLESTEROS
Para quienes le conocen, Rubén Ballesteros es una persona amable, con un perfil de “negociador, capaz de escuchar, sensible a los equilibrios internos de su institución, y también con los temas sociales”, señala un abogado vinculado estrechamente a la defensa de los derechos humanos. “Lamentablemente también es un fanático anticomunista con una mala causa: la inocencia de Augusto Pinochet y la aplicación de la Ley de Amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad”.
La llegada de Ballesteros a la Corte Suprema el año 2005 estuvo signada por la controversia. Fue calificada como un “presente griego” del Presidente Ricardo Lagos por las agrupaciones y abogados de DD.HH. pues la trayectoria judicial de Ballesteros “está plagada de fallos favorables a la impunidad de Augusto Pinochet”, según sus detractores.
Como ejemplo se mencionó que entre el año 2000 y el 2005 existían una media docena de fallos en diversas causas criminales en que tuvo que participar como miembro del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en las cuales votó a favor de aquel. Entre ellas el caso “Caravana de la Muerte” en junio de 2000 (Rol 2182-98); el caso “Prats-Cuthbert-1″, solicitud hecha por la jueza argentina María Servini de Cubría, en octubre de 2002 (Rol 46071-2002); el caso “Calle Conferencia”, en septiembre de 2003 (Rol 2182-98); el caso “Operación Cóndor”, en julio de 2004 (Rol 3012-2004); el Caso “Prats-Cuthbert-2″, a petición del Ministro de Fuero Alejandro Solís, en enero de 2005 (Rol 28786-2004) y el caso “Riggs-SII”, de agosto de 2005 (Rol 10776-2005).
Todo indica que el arreglo interno, dado el especial momento que vive el Poder Judicial, se orientaría a vigorizar una línea de continuidad e independencia, y que de acuerdo a la lista de antigüedades en la estructura superior de la Corte, no parece extraño que asuma Ballesteros. Además de su posición en el cuadro de antigüedad, que favorecería el tiraje a la chimenea, tendría el perfil que permitiría mejorar el vínculo con el gobierno, dado que está muy lejano a la sospecha de ser simpatizante de la oposición.
Se opuso además a que Augusto Pinochet fuera investigado por los delitos de Perjurio o Falso Testimonio en su Declaración Jurada de Bienes de 1989; Falsificación, Uso Malicioso y Sustracción de Documentos Públicos (caso Pasaportes); Falsificación de Certificados del Ministerio de Defensa; Obstrucción a la Justicia y Defraudación por Alzamiento de Bienes y Lavado de Activos, teniendo en todos los casos como argumento central las ”razones de salud” para evitar la investigación.
Ya como integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros se ha destacado por una férrea defensa de la Ley de Amnistía y de aplicar rebajas en las penas a los militares y agentes del estado condenados por delitos de derechos humanos.
En diciembre de 2006, al resolver sobre el llamado Caso Molco (rol Nº 559-2004) sobre el asesinato de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, (M.I.R.) por parte de los carabineros en el fundo Molco de Choshuenco de Panguipulli, en diciembre de 1973, Ballesteros expuso una pormenorizada y cuidada argumentación en torno a la prescripción y la aplicación de la Ley de Amnistía, como voto de minoría.
A raíz de este caso y otros casos similares, salieron a la luz las participaciones de Ballesteros como integrante letrado en Consejos de Guerra después del golpe militar, hecho que no fue muy habitual en la época y solo confiado a funcionarios judiciales leales al régimen militar. Ello pone en duda su declaración de que se habría visto obligado a hacerlo.
En los archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad hay datos de cinco expedientes de procesos que finalizaron con la rúbrica de Ballesteros en calidad de Presidente del tribunal, entre 1973 a 1976. Uno de ellos corresponde al Rol N° 1407-1973, caratulado “Contra Alfonso Heriberto Oliveros Angulo y otros”, en el que se condenó a ocho personas por el delito de “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado”, se impuso al principal imputado la pena de 15 años de presidio y a otros cuatro, como cómplices, siete años. Todos estaban acusados de intentar organizar grupos guerrilleros para asaltar retenes y cuarteles militares y permitir la invasión de fuerzas desde Argentina, en la región de Los Lagos.
En otro proceso, Rol N° 568-1974, dirigido contra Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, los acusados fueron condenados a 20 años de presidio por el delito de ingreso clandestino al país con la intención de atentar contra la seguridad interior del Estado, “hecho perpetrado en una fecha no determinada de la segunda mitad del año 1974 en la zona cordillerana de Lago Rupanco”.
En el Consejo de Guerra de Osorno, presidido por Ballesteros en contra un grupo de 16 personas que intentaron rearticular a la Juventud Socialista de la Región de Los Lagos entre diciembre de 1975 y enero de 1976 ocurrió algo similar. Según la sentencia, los imputados acordaron darle vida al PS en la clandestinidad, organizando personas ‘adictas’ al PS, juntado “armamento, literatura marxista, panfletos del Comité Central, manuales de seguridad y otros elementos de propaganda política”. Se les imputaron delitos de asociación ilícita, tenencia y porte ilegal de armas de fuego y espionaje. Esto último porque dos de ellos “extrajeron y escribieron secretos militares y otros datos del Regimiento de Ingenieros N° 4 ‘Arauco’ para su entrega al enemigo”. Algunos imputados recibieron 10 años de presidio por el delito de espionaje, y 10 años y un día por tenencia y porte ilegal de armas.
Más allá del absurdo contextual de los delitos imputados, contrasta la severidad de las penas con la magnanimidad que muestra Ballesteros ante los violadores de derechos humanos, sostienen sus críticos. Ello, dicen, le hará un enorme daño a la imagen del Poder Judicial. Sobre todo, sostiene un abogado de DD.HH. “porque no ha sido suficientemente reconocido el papel positivo que este poder jugado – incluso más que el del mundo político- en la plena vigencia de los derechos humanos como doctrina de Estado en nuestro país.”
Con todo, hay un elemento adicional que se debe considerar al evaluar la posible llegada de Rubén Ballesteros a la Presidencia de la Corte. El debería dejar de integrar la Sala Penal, que es la incumbente sobre todos estos temas. Como Presidente, tendría el poder simbólico de la vocería política del Poder Judicial, pero en términos de funcionamiento operativo del organismo, es poco o nada lo que cambia, aunque sí es importante para el impasse que actualmente vive el gobierno.
LA OPINIÓN DE SUS PARES
La Corte Suprema es un mundo cerrado, lleno de códigos y maneras de proceder, que resultan desconocidos para la opinión pública, dice una fuente muy cercana a la institución. Los ministros, dice, cuando los eligen, entran a una especie de hermandad que tiene una cultura corporativa muy consciente de ser la cabeza de un Poder del Estado, sin otra manera de expresar su fuerza “que actuar buscando el equilibrio”. Están además, dice, generalmente “entrelazados por una historia muy común, proveniente de su pertenencia a las Cortes de Apelaciones o juzgados de regiones, donde crean vínculos personales, relaciones y compromisos” muy propios de un ámbito profesional que debe trabajar “deliberando”.
Ello marca las llamadas trenzas internas, cruzadas por mundos conservadores apegados a valores religiosos y otros al laicismo masónico, pero que tienen poco espacio para la intransigencia colectiva. De ahí que atribuir al bulto la elección de un cargo a una operación política externa no resulta muy creíble, incluso en un caso como el de Ballesteros, dada la cantidad de elementos en juego. Las necesidades de los externos, en este caso las relaciones con el Gobierno, puede ser un factor, incluso importante, pero la Corte Suprema tiene su propia manera de contar sus votos y realizar la gestión corporativa del tribunal supremo. Y la lealtad interna transversal es un valor a considerar.
Entre esas señas, el principio de la precedencia para elegir al Presidente del Tribunal, que dura dos años en sus funciones, es una regla de respeto implícito, pero que en esta oportunidad, si se elige a Rubén Ballesteros, no se estaría cumpliendo.
Sin embargo existen explicaciones plausibles que explicarían por qué el acuerdo interno de omitirla se produciría. Después de Milton Juica, le siguen en antigüedad Adalis Oyarzún y Jaime Rodríguez Espoz, este último el Vocero de la Corte Suprema, cargo un tanto desperfilado en su funcionamiento. Ambos son de 1937, es decir, cumplen 75 años de edad el 2012. Si fueran elegidos, cualquiera de los dos, debería alargar su permanencia por el tiempo que dure la presidencia. El cuarto es Rubén Ballesteros Cárcamo quien es de 1939. Luego de él, para enero del 2014, estaría Sergio Muñoz, el ministro más joven pues recién el año 2032 cumplirá los 75 años y a continuación Hugo Dolmesch.
Todo indica que el arreglo interno, dado el especial momento que vive el Poder Judicial, se orientaría a vigorizar una línea de continuidad e independencia, y que de acuerdo a la lista de antigüedades en la estructura superior de la Corte, no parece extraño que asuma Ballesteros. Además de su posición en el cuadro de antigüedad, que favorecería el tiraje a la chimenea, tendría el perfil que permitiría mejorar el vínculo con el gobierno, dado que está muy lejano a la sospecha de ser simpatizante de la oposición.
Esa postura le daría mayor capacidad de juego al Poder Judicial, toda vez que ya Milton Juica le rayó claramente la cancha al gobierno y ahora se debe buscar un momento de consolidación. En todo caso, sostienen, no necesariamente se producirá unanimidad. Sobre todo por el segundo eventual candidato desplazado, Jaime Rodríguez Espoz, quien es considerado un buen ministro, tal vez demasiado conservador, pero muy identificado con el proceso de renovación del Poder Judicial en años pasados.
En un escenario tan complejo, las obsesiones del ministro Hinzpeter con los jueces parecen “las de un joven y novato abogado sin mucha perspectiva todavía de cómo funcionan los poderes superiores del Estado” dice un ex ministro del Tribunal Constitucional. El lío para el gobierno es que lo que desordena el ministro del Interior en el campo jurisdiccional rebota directamente en La Moneda, porque el de Justicia no tiene –al menos por el momento- capacidad para arreglarlo.
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