- El juez de Garantía de Valparaíso, Juan Carlos Maggiolo Caro, resolvió que la querella por delito de cohecho interpuesta por el senador Alejandro Navarro en contra de los ministros de Educación, Felipe Bulnes, y secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, “reúne los requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal, por lo que se declara admisible y se ordena su remisión al Ministerio Público para su tramitación”.
- El próximo martes 20 de diciembre, Navarro junto a diputados Espinoza y Aguiló entregarán nuevos antecedentes que reafirmarán esta querella criminal ante el fiscal de Valparaíso, Carlos Parra Fuentes.
“Conforme con la resolución del Juzgado de Garantía de Valparaíso de declarar admisible la querella criminal por cohecho en contra de los ministros Bulnes y Larroulet”, confesó estar el senador Alejandro Navarro, quien afirmó que “es el primer paso para la búsqueda de la verdad y particularmente para el establecimiento de las condiciones que impidan que los votos parlamentarios puedan ser comprados por un ministro o por un voto particular”. Y enfatizó: “El voto parlamentario no puede tener una tarifa”.
Imagen: La Hora
“Los viejos en la construcción tenían un tarifado, cobraban hasta por desgaste de herramientas y también por metro cuadrado o por metro lineal realizado. Un tarifado de los votos es inaceptable en democracia. Daña fuertemente la credibilidad en el Congreso, pero también al gobierno cuando los involucrados son los ministros”, dijo el Senador.
Los motivos de Navarro
El presidente del MAS señaló que “esta presentación por cohecho, da cuenta del establecimiento de un acto delictual, como resultado de una relación perversa entre el Congreso y el Ejecutivo”. Y dejó en claro que “aquí no se trata de la persona de los ministros Bulnes y Larroulet. Creo que no pudieron dimensionar que lo que realizaron es constitutivo de delito”.
E insistió el parlamentario que “no es un tema personal en contra de los ministros, pues han actuado en función de su rol. Sin embargo, esa función y rol han generado un tipo penal contemplado en la legislación, que es el cohecho que tiene, además, un efecto político que es imposible dejar pasar, de ignorar, toda vez de que las implicaciones, si esto fuera ignorado, es de que cualquier ciudadano puede comprar votos en el parlamento para sus fines particulares”.
Asimismo, el congresista sostuvo que “en este caso se ha cumplido la voluntad del gobierno”, y explicó que es así porque “hizo una oferta”; sin embargo, añadió que “de esta forma se ha traicionado a la voluntad de los ciudadanos, por cuanto los parlamentarios han obedecido a un incentivo pecuniario y de becas para terceros, pero no han actuado conforme a la ley”.
Un delito evidente
El senador Navarro argumentó que “se configuró el delito de cohecho cuando existió una oferta de dádivas, de beneficios, de parte de un ministro hacia un parlamentario. La confesión de Alinco no dejó ningún tipo de duda. Se hizo una entrega de recursos no contemplados en la ley ni en el protocolo, sino que en un acuerdo privado entre ministros y parlamentarios y eso es inaceptable en democracia y de ser tolerado es el fin de la misma; es decir, si toleramos que los parlamentarios sean susceptibles de la compra de votos, vamos a entrar en un espiral en donde la escasa credibilidad del parlamento, puede seguir descendiendo hasta poner en riesgo la estabilidad democrática, porque si la ciudadanía no confía en sus instituciones, estas instituciones carecen de sentido y pueden desaparecer”.
Próximamente
El Juzgado de Garantía de Valparaíso ya declaró admisible la querella por cohecho y ha derivado los antecedentes a la Fiscalía, para iniciar una acuciosa investigación. Por lo tanto, ahora deberán prestar declaración los parlamentarios y ministros implicados en este caso. Ante esto, Navarro estimó que “es un tema necesario para la tranquilidad de la conciencia ciudadana y también para la credibilidad del parlamento y del gobierno”.
A su vez, el parlamentario comentó que “en los próximos días tal como me lo ha informado los diputados Fidel Espinoza y el diputado Sergio Aguiló, también serán parte de esta querella, por lo que ya para el martes 20 de diciembre hemos solicitado una reunión con el fiscal de Valparaíso, Carlos Parra Fuentes, para ir como ciudadanos querellantes, y así entregar al fiscal nuevos antecedentes y detalles de dicho proceso que –afirmó Navarro- no forman parte de una negociación política, ya que no ha quedado ni en la ley ni en un protocolo, y forma parte de un acuerdo personal entre los ministros y los parlamentarios”.
“Creemos que tenemos el deber moral de iniciar este proceso, pues ni los ministros ni los parlamentarios involucrados, no han dimensionado el profundo daño que se le hace a la democracia y particularmente a la imagen del Congreso con ese tipo de acciones que deben ser sancionadas”, sentenció Navarro.
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