
El proyecto establece que los condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos recibirán al remisión completa de su pena, si el castigo no supera los 15 años de reclusión. En tanto, los procesados por esos crímenes podrán esperar en libertad la sentencia definitiva, sin que proceda ningún recurso judicial en contra de esa resolución.
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