Tras el distanciamiento entre el gobierno y los dirigentes estudiantiles para solucionar el conflicto educacional que se arrastra por más de cinco meses, la Confech llamó el jueves pasado a continuar con los paros y las protestas.
Casi todas las 37 marchas realizadas este año en Santiago han tenido un factor común: los enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, y el uso de disuasivos químicos por parte de la policía para controlar los disturbios.
En medio de ese clima, un grupo de diputados impulsa un proyecto de ley que prohíbe la utilización de gases lacrimógenos.
Se trata de la primera iniciativa legal que pretende regular la aplicación de los químicos desde la polémica suscitada en mayo pasado, cuando el gobierno suspendió su uso, ante los cuestionamientos por los eventuales efectos abortivos de estos. El Ejecutivo revocó la medida 72 horas después, citando estudios en la materia.
El proyecto de ley, presentado el 14 de septiembre pasado, comenzará a ser analizado en los próximos días en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Argumentos
Entre los fundamentos del proyecto se señala que "el uso de estos gases tiene como principal inconveniente el no reconocer limitaciones espaciales, por tanto no sólo quedan expuestos a sus efectos tóxicos el pú-blico contra el cual son di- rigidos, sino que toda la población".
La pronta decisión del Ejecutivo de reponer el uso de los gases -previo al 21 de mayo- no tiene contentos a los parlamentarios que redactaron el proyecto de ley.
Osvaldo Andrade (PS) dice que en la oportunidad "hubo un burdo montaje comunicacional. Un estudio serio en la materia requiere de mayor cantidad de especialistas. Ello no hace si no confirmar la necesidad de esta iniciativa".
Enrique Accorsi (PPD) autor principal del documento, sostiene a La Tercera que "en el último tiempo, el uso de los gases ha sido absolutamente excesivo", y agrega que otras de las ideas de discutir sobre la materia es que "durante una protesta, la policía tenga que tener la autorización política para poder usar los gases".
Consultados sobre las implicancias que tendría la eventual aprobación de la iniciativa, personeros de La Moneda y oficiales de Carabineros declinaron referirse al tema.
Reacciones
La semana pasada, la Universidad Diego Portales dio a conocer su estudio anual sobre Derechos Humanos, en el que critica las decisiones que adoptó el gobier-no en mayo respecto de la materia, por centrarse "exclusivamente en los posibles efectos abortivos de los gases".
El diputado Cristián Monckeberg (RN) sostuvo que no comparte el proyecto de ley "porque la eliminación de los elementos disuasivos no es la respuesta. Si hay parlamentarios que consideran que hubo excesos por parte de la policía, se debiera coordinar con Interior y Carabineros los procedimientos en las marchas", dijo el parlamentario.
A su vez, la diputada Cristina Girardi (PPD) indicó que es necesario discutir la iniciativa. "Sería sano darle una discusión, y espero que el Ministerio del Interior esté dispuesto", manifestó Girardi. Agrega que "si hubiéramos quedado conforme con los estudios en mayo, no hubiéramos presentado este proyecto".
Al respecto, Marcela Sabat (RN), presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que la discusión del tema debe realizarse. "Es una moción válida y que queremos discutir. El uso de gases no tiene como propósito perturbar el derecho a reunión, pretende dispersar al delincuente", manifestó Sabat.
PRENSA GRÁFICA CALLEJERA
Francisca E.
Francisca E.
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