Ley de Pesca: un acuerdo político de espaldas al interés general del país

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Por:: EDUARDO BITRAN (Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez) 

Un grupo de parlamentarios de la oposición llegó a un acuerdo político con el Ministro Longueira para aprobar la Ley de Pesca. Este acuerdo establece licencias de pesca otorgadas por veinte años renovables en forma automática, a menos que la empresa haya incurrido en falta grave. Esto en la práctica implica entregar en forma indefinida el derecho a explotar en exclusividad un recurso que pertenece a todos los chilenos y que genera rentas económicas. Se establece la posibilidad de licitar hasta un 15 % de los derechos. Resulta difícil de comprender que los senadores estén dispuestos a este acuerdo. Cabe notar que la ley desde el año 1991, establece la licitación del 50 % de la pesquería, cuestión que nunca se implementó debido a cortapisas administrativas. No se entiende que hoy estén dispuestos a reducir de 50 % a 15 % el monto máximo a licitar y que no se establezca claramente un royalty adecuado por el resto de los recursos asignados en forma indefinida.

La existencia de altos costos de transacción requiere estructurar un sistema de licitaciones donde en forma periódica se esté licitando un porcentaje significativo de cada pesquería. Es sabido que en mercados de derechos de contaminación la existencia de costos de transacción se constituye en un factor que inhibe la transferibilidad de derechos y la eficiencia económica. En el caso pesquero, al igual que en los derechos transables de emisión, la existencia de poder de mercado y asimetrías de información eleva los costos de transacción haciendo difícil la transferibilidad de derechos.

Esto es fundamental, ya que afecta la eficiencia de una industria importante, permite establecer un precio del derecho, facilita la transferibilidad de derechos, todo lo cual establece el verdadero costo de oportunidad de los recursos. Esto hace menos dependiente la eficiencia del sector de la asignación inicial y permite promover la innovación y que los más eficientes desarrollen el sector. Por otra parte, la licitación periódica de cuotas de pesca establece un precio por tonelada asignada, sobre el cual se puede basar un royalty a la actividad. Este es un tema de equidad que debe ser fundamental para la oposición, especialmente cuando se trata de mejorar la recaudación de recursos para enfrentar los desafíos de equidad. Es por ello que debemos exigir que se legisle teniendo en cuenta el interés de todos los chilenos.

Lo que se debería aprobar es que el 50 % de las licencias sean a 15 o 20 años y que se estructuren de modo que cada dos o tres se esté licitando un porcentaje significativo. La licitación debería ser por tonelada asignada cada año, de modo de reducir el riesgo y el royalty por tonelada asignada por derechos históricos debería ser definida en base a valor promedio de las cuotas licitadas, en la medida que estas representen una proporción significativa de la pesquería.

El Ministro Longueira le entregó a los actores del sector la responsabilidad de definir los términos de un acuerdo al interior del mismo. Esta forma de hacer política pública instaura un corporativismo rara vez visto en la política chilena. Somos una democracia participativa y los gobiernos deben velar por el interés general.  Entregar indefinidamente los recursos pesqueros a unas pocas familias, sin compensación y desafío a su posición dominante es contrario al interés general. También afecta a la pesca artesanal, ya que crea verdaderos poderes monopsónicos que reducen el precio pagado por la captura artesanal. Tampoco se entiende la posición del Presidente Piñera que el año 1991 votó a favor de otorgar el 50 % de las cuotas por licitación. Sin embargo, lo que resulta incomprensible es que sectores de la oposición que se dicen progresistas, estén dispuestos a legislar en contra de los intereses de la mayoría de los chilenos. Estas situaciones son las que contribuyen al desencanto con la política. Nuestro país debe avanzar en eficiencia, equidad y sustentabilidad, es lo que se requiere para avanzar efectivamente al desarrollo. No perdamos la oportunidad de dar un salto en estas materias ahora. Esto permite que todos los sectores se sientan parte de un sistema que vela por los derechos de todos.