miércoles, 26 de septiembre de 2012

La conexión del Régimen militar chileno y líderes alemanes supieron de abusos en Colonia Dignidad


Líderes políticos alemanes y el gobierno del General Augusto Pinochet (1973-1990) supieron y encubrieron los excesos que padecieron las decenas de niños que vivieron en Colonia Dignidad, la secta alemana cuyos terrenos fueron utilizados como campo de torturas en esos años.Así lo revelan archivos secretos del gobierno militar a los que tuvo acceso la agencia alemana DPA. 
"Ocurren efectivamente en dicho organismo (Colonia Dignidad) graves situaciones delictuales", admitió el vicecanciller chileno en 1987, el general Francisco Ramírez Migliassi, en un memorando secreto número 09557.
El documento, enviado el 29 de octubre de ese año al ministro de Interior de la época, el ex senador Sergio Fernández, ahondó además en la necesidad de evaluar una respuesta ante los hechos, debido a que era posible que en Alemania el caso estallara en los medios.
Ramírez Migliassi explicó luego a Fernández que la advertencia venía del presidente de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos de Alemania,Ludwig Martin, y del presidente del Instituto de Investigaciones Democráticas,Lothat Bossle, quien era además asesor del entonces primer ministro del Estado de Baviera, Franz Josef Strauss. "Ambos (son) probadamente amigos de Chile", aseguró luego el vicecanciller como respaldo. "Sus respectivas instituciones han denunciado en Alemania la inicua campaña de desinformación de que somos objetos por parte de sectores políticos de dicho país", agregó.
Luego el vicecanciller chileno expresó que Martin y Bossle opinaban que los ataques a Chile por el caso de Colonia Dignidad serían encabezados por el ministro del Trabajo alemán de la época, Norbert Blüm, como una forma de atacar al primer ministro bávaro, un declarado admirador de Pinochet.
COMITIVA
Ante ello, el vicecanciller propuso al ministro del Interior tener una reunión de coordinación, para resolver las opciones a adoptar para silenciar el caso. Sin embargo, la situación no pudo ser resuelta como querían el régimen y sus "amigos" alemanes.

En diciembre de 1987, un mensaje de la embajada de Chile en Bonn llegó hasta la Cancillería y encendió las alarmas entre los funcionarios de la dictadura. La legación diplomática avisó por télex que una misión de la República Federal Alemana llegaría a Chile a investigar el caso.
La comitiva la integrarían el ex embajador alemán en Uruguay Johannes Marre, un psicólogo, un representante de la Cruz Roja, el obispo católico Emil Stehle y el director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Honrad von Schubert, entre otros, dijo la embajada.
Ante dicho escenario, el nuevo vicecanciller chileno, Ramón Valdés, propuso a Interior que el gobierno tomará distancia del problema, definiéndolo como un asunto "privado" entre alemanes, obstaculizando además la labor de la misión extranjera. "Esta sugerencia se hace especialmente extensiva a las autoridades regionales, las que, junto con evitar proporcionarles facilidades a los visitantes, deberían mantenerse totalmente al margen", recomendó.
Los siguientes dos años las relaciones con la República Federal Alemana empeoraron sistemáticamente a raíz del caso, como admiten los propios documentos secretos revisados por DPA y contenidos en el libro "Asociación Ilícita".

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