Amnistía y la Asociación Chilena de ONGs, lanza campaña contra LEY HINSSPETER.

En base al proyecto de "Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público" comúnmente llamadas como: "La Ley maldita o la Ley Hinzpeter”, Amnistía Internacional y la Asociación Chilena de ONGs Acción AG lanzan una acción online de fuerza social, que pretende la recolección de firmas en rechazo a este proyecto del cual pretende, criminalizar la protesta, tomas, o bloqueos de calles, etc. Todas estas instancias bloquean y  vulnerar derechos humanos fundamentales del derecho a reunión, a la manifestación y a la protesta, hechos que han estado establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Esta iniciativa irá acompañada de diversas acciones comunicacionales y de activismo durante toda la tramitación de esta ley.

Las organizaciones anteriormente nombradas, han estado trabajando desde fines de 2011 para rechazar esta ley. La principal preocupación está en la norma que modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. El texto legal, no contempla una definición clara de “desórdenes”, podría implicar que la misma pena de tres años se aplique a conductas muy disímiles, algunas de las cuales constituyen el ejercicio de derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de reunión y de expresión. Llevado al extremo, quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas.

“Aun cuando el ejercicio del derecho de reunión pacífica pueda colisionar con otros derechos – por ejemplo, la libertad de circulación – esto debe resolverse de la manera que afecte en menor medida todos los derechos involucrados, en lugar de resolverse criminalizando estas acciones en todos los casos”, plantea Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.

Por su parte, Alicia Sánchez, Secretaria Ejecutiva de Acción ha señalado que esta “ley busca criminalizar la protesta social y vulnera el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse públicamente. Una Ley como esta limita nuestra democracia y no sintoniza con una ciudadanía que quiere abrir más canales de participación para que sus demandas sean escuchadas”.

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