La Contraloría General de la República autorizó a la Universidad de Chile a iniciar sumarios y aplicar sanciones contra los profesores y alumnos que apoyen las manifestaciones del movimiento estudiantil.
Según publicó hoy The Clinic online, el organismo fiscalizador emitió un dictamen tras una consulta del decano de la Facultad de Economía y Negocios, Manuel Agosín, sobre la legalidad de la conducta de los académicos y los estudiantes.
En su respuesta, la Contraloría indicó que como institución de educación superior y estatal, la Universidad de Chile tiene por finalidad "promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente", preceptos que están contenidos en la Constitución.
Además, sostiene que los profesores son funcionarios públicos y que la Carta Fundamental "prescribe que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, calidad que revisten los referidos empleados".
Asimismo, la Contraloría puntualiza que la ley que rige a la Universidad de Chile "prohíbe a los funcionarios dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos del Estado".
Por ello, faculta a las autoridades universitarias a sancionar con sus remuneraciones a los docentes y a ordenar sumarios a los estudiantes con la correspondiente aplicación de sanciones que se deriven de dichas indagatorias, siempre que se respete "el debido proceso".
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