En el marco del caso sobreprecios, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, ordenó una investigación interna al interior de la repartición. Esto, luego de conocerse que uno de sus asesores, René Castellón, era dueño de la empresa Geo Limitada que vendía material antinarcóticos y que se había ganado una licitación para la venta de dos fibroscopios a la Intendencia de Tarapacá. Se trata del cuarto funcionario de gobierno que renuncia tras estallar el caso.
Según detalló La Tercera, el ex subdirector operativo de la PDI estaba contratado desde abril de este año para hacerse cargo del Programa de Bienes Robados de la Subsecretaría que encabeza Cristóbal Lira. El cual no está vinculado al Plan Frontera Norte. En este último, es donde se adjudicaron dos licitaciones a la empresa Tecnodata, de propiedad de Alfredo Giacoman.
De acuerdo al medio escrito, los objetivos de la indagación ordenada por Lira son hacer una revisión completa de las licitaciones de la cartera, revisar la contratación de Castellón y determinar que ningún otro funcionario se encuentre en una situación similar a la del ex jefe policial.
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, hizo hincapié en que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, cuenta con todo el respaldo de Sebastián Piñera.
“El subsecretario del Interior ha tenido una actuación extraordinariamente activa y directa. Ha sido el primer motor para entrar a fondo en el tema, y en ese sentido, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República”, dijo en Radio ADN.
Asimismo, acusó a la oposición de ‘oportunismo’: “No puede ser más inoportuno haber puesto la discusión en este momento. Yo le diría a los amigos de la Concertación que lo han planteado ahora, que es inoportuno porque se confunde un debate, que tiene que tener siempre un interés de país, con lo que puede ser un mero interés electoral para el día de hoy”.
En tanto, el jefe de la bancada de diputados de la DC, Jorge Burgos, indicó que la discusión de la Ley de Presupuesto será una oportunidad para ponerle mayor control a las compras de instrumental por parte del Gobierno y evitar así que se sigan produciendo irregularidades.
“Yo creo que estamos en un problema bastante grave. Tengo la impresión y -a esta altura, casi certeza- de que estas empresas de venta de equipos de seguridad han penetrado la Subsecretaría y las policías, y eso me parece gravísimo, porque son demasiadas ya las renuncias, que indican concomitancia con empresas que se dedican a este rubro, que aparentemente no compiten, sino que solamente consiguen licitaciones a precios altos, y en algunos casos, además, con malos instrumentos”, reparó en Radio Cooperativa.
“Pese a todo, creo que una de las soluciones está bastante a la mano, que es que en la Ley de Presupuesto y en las glosas destinadas a adquisiciones de la Subsecretaría y de las policías haya una intervención de la Dirección de Presupuesto. Obviamente no se puede seguir poniendo plata, mucha plata -el año pasado fueron más de 10 mil millones de pesos- para el programa de lucha contra la droga. Eso este año no se puede repetir, salvo que se establezca un procedimiento donde intervengan otros y haya un control desde el comienzo al fin a las adquisiciones que hacen tanto las policías como la Subsecretaría; esto en el entendido de que tenga alguna lógica que las subsecretarías sigan comprando instrumental”, concluyó Burgos.
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