Ni con los requisitos para alcanzar el cargo, ni con la independencia necesaria para ser llegar a la Corte Suprema. Son los antecedentes que se desprenden del currículum de la jueza Gloria Ana Chevesich, que fue nominada por el Ejecutivo para llenar uno de los cupos en el máximo tribunal, y que recientemente hizo noticia al señalar que Manuel Contreras, ex Director de la DINA con 36 procesos judiciales en su contra y condenas que suman más de 350 años, posee una "irreprochable conducta anterior".
El historial de la jueza demuestra que no reúne las mínimas condiciones para llegar a ocupar el cargo en la Corte Suprema, en especial considerando su historial de abusos en fallos contra los consumidores, así como también su permanente rechazo a conceder indemnizaciones en materia de violaciones a derechos humanos, contraviniendo acuerdos internacionales adoptados por Chile sobre reparación de daños a las víctimas de la dictadura. A esto, se suman relaciones familiares con empresas como CENCOSUD, pese a las cuales no se ha inhabilitado de participar en causas contra la empresa de Horst Paulmann, rechazando proteger a los consumidores.
Los argumentos en su contra abundan, partiendo por su carrera judicial. A diferencia de todos los demás Ministros que han llegado a la Corte Suprema por carrera judicial, Chevesich nunca sirvió cargo alguno en primera instancia, vale decir, nunca fue juez en algún juzgado de primera instancia. Aunque se ha argumentado que los actuales Ministros Cisternas y Araya tendrían una situación similar a la de Chevesich, al haber sido relatores, la diferencia es que ambos iniciaron sus carreras como secretarios de juzgados de letras, y por ende, fueron jueces subrogantes de primera instancia. Pero Chevesich no fue jamás ni secretaria, ni juez de primera instancia.
La ambigüedad de su figura queda también de manifiesto por el hecho de que Rubén Ballesteros, Presidente de la Corte Suprema, no votó por ella pese a que en los últimos días ha defendido su nominación destacando las virtudes de Chevesich. El Presidente de la República, sin cumplir el compromiso de consensuar el nombre antes de enviarlo, llegó y envió el de Chevesich, cuya nominación en la corte fue fruto de una quina con opción forzada, ya que de los cinco tres han sido rechazados por el Senado (Muñoz, Pfieffer y Cerda) y uno tiene un veto virtual (Aranguiz).
Particularmente preocupante es el rechazo permanente de Chevesich a las indemnizaciones en materia de violación a los DD.HH. Si ese rechazo se produjera a nivel de la Corte Suprema, se expone al Estado de Chile a la responsabilidad internacional por incumplimiento de las resoluciones adoptadas, tanto por la Comisión Interamericana de DD.HH, como por la Corte, que han señalado que Chile tiene el deber de reparar los daños a la víctimas. Cabe destacar, además, que la jueza rechaza las acciones de protección de los derechos de los consumidores. Particularmente grave es la situación del caso Cencosud en que debió inhabilitarse, pues su sobrina es gerente de los supermercados Wong, en Perú, de propiedad de Horst Paullman.
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