Los afectados son el ex fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña, los persecutores Víctor Núñez, Francisco Rojas y Marcelo Apablaza; el ex director de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos; el prefecto inspector de la PDI y jefe de inteligencia, Mario Loyola y el subprefecto de la PDI Pedro Silva.
A ellos se suman dos ex carabineros que no tendrían relación directa con la indagatoria de los atentados explosivos.
Según señaló El Mercurio, las deudas habrían sido originadas luego de que los inscribieran con sus datos como supuestos empleadores en una firma que opera por internet para cautelar que se realicen dichos pagos.
De esta forma, las víctimas aparecían como contratantes de personas que ofrecen servicios domésticos que no efectuaron el pago de cotizaciones a sus supuestos empleados. La firma pasó los antecedentes de los deudores a Dicom.
Uno de los afectados se dio cuenta de que figuraba como moroso al realizar un trámite personal. Este informó a Carabineros y se abrió la investigación, que comenzó la semana pasada.
Ningún afectado fue notificado de sus deudas
Según lo establecido por los policías, la inscripción de los datos de los afectados se realizó desde un computador que estuvo instalado en una casa okupa ubicada en la calle Echaurren, previamente monitoreada.
Además, se estima que la suplantación de identidades se efectuó en octubre pasado, cuando el juicio oral del caso bombas estaba comenzando y se extendieron durante la realización de las audiencias.
Hasta ahora, ha llamado la atención la facilidad con que se realizó la operación, dado que ninguno de los afectados recibió una notificación o fue sometido a un proceso de verificación de su identidad y deudas, que ascendían a 135 mil pesos en promedio.
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