El martes 28 de agosto los senadores tendrán la misión de votar a favor o en contra de la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que contiene la posibilidad de que las personas con sueldos entre $ 560 mil y $ 1,5 millón puedan descontar del pago de impuestos los gastos en educación (matrícula y mensualidad).
Una medida que ha sido blanco de críticas en los últimos días. Tanto así, que 29 expertos en educación firmaron un documento que rechaza la normativa por ser “regresiva, segregadora y por reforzar la educación privada no gratuita”. El documento fue suscrito, entre otros, por Jorge Manzi (PUC), Andrea Repetto (UAI), José Joaquín Brunner y Gregory Elacqua (UDP), Patricio Meller, Alejandra Mizala y Dante Contreras (U. de Chile).
Para el economista del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, Juan Pablo Valenzuela, uno de los firmantes, la propuesta “es regresiva, porque la mayoría de la clase media no se ve beneficiada, quienes sí lo son los de grupos medios altos. Es completamente absurdo lo que estamos haciendo con la plata de todos los chilenos. Se la estamos entregando a un grupo pequeño de familias que tiene los mayores ingresos”.
Según los académicos, la rebaja de impuesto es un “grave error”, pues sólo favorece a las familias que se encuentran entre el 5% y 19% de los más altos ingresos y que envían a sus hijos a establecimientos privados subvencionados. Señalan que el 81% de los contribuyentes del país recibe un sueldo mensual menor a los $ 560 mil, por lo que no cancelan impuesto. Ellos no se verán beneficiados.
“El foco debiera estar en fortalecer la educación pública y generar condiciones más equitativas para los alumnos. El incentivo tributario es una señal equívoca, porque no asegura la educación pública gratuita. Con el crédito se genera una discriminación, porque quienes no tienen dinero no pueden aspirar a matricular a sus hijos en esos colegios”, dice el director de Mide UC y uno de los creadores de la PSU, Jorge Manzi.
Según los 29 académicos, el financiamiento compartido limita las posibilidades de elección de las familias por capacidad de pago, por lo que lo que debiese tender a reducirse y no a potenciarse, como sucede con la propuesta. “El desafío del país debiese tener un sistema cada vez más inclusivo, donde las familias puedan escoger colegio, pero independiente del nivel socioeconómico. Toda la evidencia mundial indica que necesitamos sistemas más integrados, pues los padres podrían elegir escuelas independientes de la capacidad de pago y los colegios se esforzarían por entregar una mejor oferta académica”, dice Valenzuela.
Los expertos llaman a los senadores a rechazar la medida y al gobierno a proponer políticas que avancen “en hacer más justa e integrada la educación”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario