Complejo minero de Chuquicamata
En sólo 20 nombres se concentra la propiedad de 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada en Chile. CIPER investigó el ranking y descubrió que junto a los gigantes del rubro –Soquimich, Antofagasta Minerals, BHP, Barrick- figuran personas naturales que no son sus verdaderos dueños y que obstruyen ese mercado. Y están también los que han acaparado para hacer negocio con empresas eléctricas, como HidroAysén o Endesa, en una estrategia clave para sus proyectos de expansión. Una de ellas es María Teresa Cañas Pinochet y su sorprendente cartera de inversiones.
Catherine Pastén está lejos de ser millonaria o profesional de la minería. Es dueña de casa, tiene 36 años y vive en una población de Copiapó. No registra bienes raíces a su nombre, pero es una gigante del rubro minero, de acuerdo al registro de propietarios de concesiones para exploración que publica el Sernageomin. Catherine tiene 180 mil hectáreas inscritas a su nombre. Una superficie equivalente a la ciudad de La Serena.
Un poco más abajo figura Roberto Torres, un dibujante técnico de la Cuarta Región cuyas 110 mil hectáreas lo ubican en el lugar 20 del ranking, justo detrás de la Compañía Doña Inés de Collahuasi, que en 2010 obtuvo utilidades por US$2.040 millones.
Sólo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Junto a la estatal Codelco, aparecen Soquimich, cuyo controlador principal es Julio Ponce Lerou; la Compañía Minera del Pacífico, del grupo CAP (De Andraca-Von Appen); Antofagasta Minerals (Grupo Luksic) y las multinacionales BHP, AngloAmerican y Barrick. Una nómina en la que también figura Catherine Pastén, Roberto Torres, Pablo Mir y María Teresa Cañas Pinochet, entre otros.
La nómina no hace más que confirmar que el mercado de la minería en Chile, al igual que el de las Isapres, farmacias, AFP y el retail, está concentrado en pocas manos. Un ranking cuyos titulares no varían. Pero sí esconde sorpresas. CIPER investigó y descubrió algunas de ellas.
En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José), y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación.
En 2010, Catherine debió haber cancelado más de $145 millones en patentes por las 180.000 hectáreas de exploración que posee. Catherine no tenía ese dinero. Tampoco Roberto Torres. Pero las patentes se pagaron.
La primera vez que CIPER contactó a Catherine Pastén, respondió al teléfono desde su casa en Copiapó. Afirmó que en realidad esas concesiones no eran de su propiedad, sino de la minera Kinross, la tercera productora mundial de oro: una compañía canadiense que en 2010 registró una utilidad neta de US$121,6 millones.
“Yo solo firmé unos papeles, pero no me pagan”, dijo Catherine. Y lo justificó como una suerte de “paleteada” a dicha empresa. “No sé si puedo hablar de eso”, agregó.
El abogado Andrés Verdugo, ex fiscal de Enami hasta mayo de 2003 y actual vicepresidente de Kinross en Chile, negó cualquier nexo con Catherine. “La gente de propiedad minera me reporta a mí y no conozco a ninguna Catherine Pastén. Ella no inscribe propiedad a nuestro nombre. Lo desmiento categóricamente”, señaló a CIPER.
Tras hablar con Verdugo, llamamos nuevamente a Catherine. “No tengo nada que ver con ninguna empresa minera”, dijo. Lo cierto es que sí tiene un nexo con dicha empresa: su marido, Oscar Flores, trabaja en el área de propiedad minera de Kinross, en Copiapó. Así lo confirmaron a CIPER en la propia empresa.
En cambio, sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por “una cuestión estratégica” le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía.
-Es una estrategia para expandirnos sin tener problemas. Somos una empresa chica, y cuando una empresa pide propiedad minera, inmediatamente otros la rodean -explicó.

EL MÁS RÁPIDO GANA

Las mineras canadienses no son las únicas que acuden a personas naturales para inscribir propiedad minera. Entre 2007 y 2008, Carla Araya, abogada de Antofagasta Minerals, registró más de 200 mil hectáreas a su nombre. Y Jesús Rojas Patiño, abogado de la minera Pucobre (Grupo Hurtado, accionistas de Entel y del Consorcio Financiero), posee en la actualidad casi 170 mil hectáreas (número 10 del ranking de exploración).
Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a CIPER la lógica detrás del uso de terceros:
-En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía -aclaró.
El problema es que frecuentemente los traspasos tardan mucho tiempo en concretarse. Según la información del Sernageomin, en los últimos tres años el abogado Jesús Rojas ha mantenido a su nombre cientos de miles de hectáreas mineras. También ocurre que la empresa cambia al funcionario que aparecía como titular. Así lo hizo Antofagasta Minerals. Cuando Carla Araya traspasó sus concesiones, surgió otro top en el ranking: el dibujante técnico Mario Araya, con poco más de 122 mil hectáreas, empleado de la misma empresa.
Un abogado experto en derecho minero que pide reserva, señala:
-Esto es un abuso del derecho. En los salmones, por ejemplo, para solicitar una concesión acuícola, si eres empresa, debes estar dotado del giro y además tienes un plazo para iniciar actividades. Si no lo haces, te las caducan, porque estás bloqueando un espacio que podrían ocupar otros. Pero también hay un tema tributario, porque a la señora o el señor X se le debe preguntar de dónde sacó el dinero para pagar sus patentes. Y si además luego le transfieren esa propiedad a la empresa, hay un precio, una transacción, y debiese haber un pago tributario de por medio. Esto revela una vez más que en la minería el área tributaria es una caja negra.
Tanto Catherine Pastén como Roberto Torres afirman que no recibieron pagos por prestar su nombre para estas inscripciones. En Impuestos Internos corroboran que el uso de personas naturales por las empresas para inscribir propiedad es una práctica del rubro. Y agregan: pero mientras no se produzca una renta con el traspaso de propiedad no hay problemas impositivos.

TERRITORIO OCUPADO

La acumulación de propiedad minera en unos pocos tiene consecuencias directas en un mercado clave para Chile en los próximos 20 años. En las regiones del Norte, por ejemplo, prácticamente no hay espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos. Según estudios de Cochilco, el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgada en concesiones mineras, el 69% de la Región Antofagasta, el 70% de la Región de Atacama y el 58% de la Región de Coquimbo.
En Canadá, también país minero, ocurre lo contrario: la mayor parte de su territorio está libre para que las empresas de exploración (básicamente medianas) hagan su trabajo. Lo mismo pasa en México, Argentina, Perú y Australia. En Chile, es al revés, las grandes empresas acumulan por años miles de hectáreas, explorando y explotando apenas un porcentaje.
En los países donde funciona el mercado y se fomenta la libre competencia, dice un abogado del rubro, se dan “’permisos de exploración por un tiempo fijo, de manera que si por cualquier motivo una compañía dilata la exploración, deje el terreno libre a otra empresa”.
Según los cálculos de José Joaquín Jara, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), en 2009 se habían constituido en Chile concesiones de explotación por más de 10 millones de hectáreas, pero se explotaba menos del 10%: entre 600 mil y 800 mil hectáreas. Entre las empresas que acumulan la mayor superficie, destaca Soquimich: registra más del 20% de las concesiones de explotación y el 7% de las de exploración.
-Eso es codicia. Es tener derechos en todas partes -reflexiona la abogada Laura Novoa, una de las mayores expertas en derecho minero.

LA BICICLETA

Según la Ley Minera, las concesiones mineras duran dos años y son renovables por otros dos, pero sólo por la mitad de la superficie. La idea es justamente que las compañías exploren y dejen a otros hacerlo. La abogada Laura Novoa, asesora de empresas mineras, tiene claro cómo operan las grandes compañías para acumular sin soltar.
A través de abogados o palos blancos, en los últimos 20 años han solicitado cientos de concesiones de exploración. Y las mantienen en su poder. ¿Cómo? Presentando solicitudes de concesión sucesivamente, por exactamente la misma superficie pero bautizando la propiedad cada vez con un nombre distinto, lo que deriva en una nueva sentencia judicial. Y así, religiosamente, cada dos años. Una bicicleta que requiere dinero para su mantención.
-Por como está concebido el sistema, se presta para este tipo de maniobras a las cuales son muy adictos los abogados, los técnicos y los mineros -resume la abogada Novoa.

LA PECULIARIDAD DE CAÑAS

Otra consecuencia de este modelo ha sido el surgimiento de los llamados “mineros de papel”: personas que adquieren concesiones mineras no para explotar, sino para negociar sus derechos con grandes empresas, que no necesariamente son mineras. Porque la concesión da derechos sobre el subsuelo de un terreno, lo que finalmente determina el valor de una propiedad y la viabilidad de distintos proyectos.
Por ejemplo, para una empresa eléctrica que proyecta instalar una central en una zona agrícola, una empresa inmobiliaria que busca construir un condominio o la concesionaria de una nueva autopista, resulta clave poseer esas concesiones para evitarse sorpresas. Así, una empresa eléctrica al mismo tiempo que diseña su trazado, buscará ser titular de las concesiones alrededor de dicha superficie.
La ingeniera químico María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet, es experta en ese negocio. En 1980, Pinochet la nombró presidenta del directorio del Instituto de Investigaciones Geológicas, que al año siguiente se convirtió en el Sernageomin. Y la mantuvo al mando hasta el final del régimen (1990). A su marido, Jorge Iván de la Barra Valle, lo nombró vicepresidente del Banco Central el 31 de diciembre de 1981.
Al retornar la democracia, Cañas Pinochet y de la Barra crearon la sociedad “María Teresa Cañas y Compañía Limitada”, para asesorar, evaluar y realizar inversiones mineras, entre otras. Además, constituyeron una decena de otras sociedades, entre las cuales destacan tres vinculadas al rubro: Sosmin Limitada (Sondajes y Servicios para la Minería); Compañía Minera Iri Chile y Minera Oro Andino (1995). En esta última Cañas aporta la “obtención de propiedades mineras”. En paralelo, Cañas ejercía como “perito mensurador minero”, el profesional que la Ley Minera exige para solicitar concesiones (designada por Aylwin, 1993; y Lagos, 2006).
Actualmente, Cañas y dos de sus hijos, Jorge y Andrea de la Barra, figuran entre los mayores propietarios de concesiones mineras. Cuando se digita el Rut de María Teresa Cañas en el catastro del Sernageomin, la imagen es elocuente: exhibe propiedades en 6 de las 15 regiones de Chile. ¿Quiénes son sus clientes? Básicamente empresas eléctricas, como HidroAysén, Endesa y Transelec.
La ONG Geoaustral contabilizó las solicitudes mineras de la empresa de Cañas en representación de Endesa: sólo en la provincia de Llanquihue (Décima Región), figuran 500, de entre 200 y 300 hectáreas cada una.
El representante de Geoaustral, Mauricio Fierro, explicó:
-Endesa es dueña de los ríos más importantes del sur. Para poder asegurar las áreas de inundación de cada una de sus centrales, lo que hace es tratar de bajar el valor de la tierra para luego tomar su control. ¿Cómo? A través de la Ley Minera. Como por estatutos corporativos Endesa no puede hacer los pedimentos mineros directamente, lo hace a través de María Teresa Cañas.
Cañas suma otro centenar de solicitudes por encargo de HidroAysén. Lo anterior fue revelado en 2006 por el abogado Álvaro Varela, en representación de 15 ganaderos de Aysén. “Por la vía de solicitar la concesión minera esa empresa está gravando los campos que ella misma va a inundar, y con eso estos tienen un menor valor”, reclama Varela.
En HidroAysén afirman que no tienen otra alternativa: “Las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura deben contratar consultores con experiencia en la tramitación de concesiones mineras. Ello, con el objeto de proteger sus desarrollos de especuladores que abusan y, en algunos casos, extorsionan a los titulares de proyectos legítimos”, afirmó a CIPER, Camilo Charme, gerente legal del megaproyecto HidroAysén.
-Si estuviésemos en una región minera, podría creer lo de la especulación, pues allí hay una fuerte disputa por la propiedad. Pero aquí eso no existe. Ellos están especulando con la especulación, pues su objetivo es afectar terrenos que ellos mismos van a tener que comprar y por esa vía bajarles el precio -refuta Álvaro Varela.
En los últimos 30 años, el matrimonio Cañas de la Barra ha diversificado sus inversiones a través de otras sociedades pesqueras, agrícolas, madereras y de inversiones. Entre sus emprendimientos, llama la atención la sociedad South Pacific Fishing, constituida por Jorge de la Barra en sociedad conManuel Losada Martínez, el empresario porteño que en 2009 fue condenado como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes (“Operación Océano”). La investigación judicial estableció que dineros del Cartel de Cali fueron traspasados a la South Pacific Fishing (Ver Reportaje).

LA LEY CUESTIONADA

En los últimos cuatro años han surgido voces exigiendo cambios drásticos al mercado minero para garantizar mayor competencia. Un giro que sólo puede materializarse con una reforma a la Constitución y uno de sus cimientos: el derecho de propiedad. La Ley Minera fue creación de José Piñera, hermano del Presidente, a comienzos de los ‘80. Su gran objetivo lo explica el propio Piñera, en su página web del Cato Institute.
“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile”, explica.
A propósito de los 20 años de la Ley Minera (octubre 2002), José Piñera afirmó: “quiero destacar que durante los tres gobiernos posteriores a aquel en que se dictó esta ley, pese a la injusta campaña en su contra (…) no se ha pretendido cambiar ni siquiera una coma de la Ley Constitucional Minera”.
En la oposición a cualquier cambio a la normativa, se alinean el Consejo Minero, que agrupa a las grandes empresas del rubro; la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y los abogados cerebros del Código Minero: Juan Luis Ossa, actual asesor del ministro Golborne y Samuel Lira, ex ministro de minería de Pinochet, quien participó en la elaboración y dictación del Código de Minería en 1983.
La abogada Laura Novoa, quien trabajó con José Piñera en la redacción de la ley, está convencida de que hay que hacerse cargo del problema y modificar la Constitución. Y propone cambiar el mecanismo por el cual hoy se obtienen las concesiones de exploración. Su propuesta es sacarlas de los tribunales y transformarlas en un trámite administrativo, un permiso, como funciona en otros países. Y agregaría nuevas exigencias: que detrás de las solicitudes haya proyectos mineros y con un plazo de vencimiento.
-Con un sistema como ése mejorarían efectivamente los problemas que presenta la concesión actual, que se presta para una concentración gigantesca; para abuso y mal uso -acota Novoa.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, también está por incentivar un mercado más abierto, pero no busca reformar la normativa, sino crear un fondo de inversión.
“Estamos trabajando con la Corfo para desarrollar compañías que se dediquen a la exploración minera. Son líneas de crédito para empresas medianas y chicas que hoy no tienen acceso al mercado de capitales. Lo hemos llamado Fondo Fénix”, anunció Golborne a comienzos de abril.
“Este fondo puede depender de que haya o no lugares para explorar”, dice el economista de Cochilco, José Joaquín Jara. “El problema no tiene que ver con el financiamiento, sino con la disponibilidad de propiedad minera”, complementa Juan Carlos Guajardo, director del Cesco.
A 30 años de la entrada en vigencia de la Ley Minera, el debate está en la agenda: qué cambios se harán para terminar con una concentración que hoy asfixia al mercado. ¿Querrá el Presidente modificar uno de los mayores trofeos de su hermano?
UN ABOGADO ENTRE GIGANTES
Otro profesional que acumula miles de hectáreas de propiedad minera de exploración, es Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana y uno de los más destacados abogados mineros en Chile, según el ranking Chambers. De acuerdo a la nómina de Sernageomin, en 2007 estaba en el séptimo lugar, con 213.500 hectáreas, apenas tres puestos más atrás que el gigante Soquimich. En 2010, pasó al lugar 13, con 157.700 hectáreas, casi la mitad de las que posee el poderoso grupo Luksic a través de su holding Antofagasta Minerals.
-¿Por qué aparezco con muchas propiedades mineras? Básicamente por dos razones: una es que tengo clientes extranjeros que quieren asegurar determinadas zonas para explorar, pero como formalmente no están constituidos en Chile, piden la concesión a nombre mío. Como en esta cuestión de los minerales, el primero que llega gana…Otra situación que se da mucho tiene que ver con un tema estratégico. Muchas compañías no quieren que se sepa que son ellos los que están en determinado lugar –explicó a CIPER.
El abogado Mir ha constituido decenas de sociedades mineras desde mediados de los ‘90, en conjunto con su ex socio Michael Grasty (abogado y socio fundador del estudio Grasty Quintana Majlis & Cia, ex presidente de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, Amcham); y con Octavio Bofill, con quien comparte participación en el bufete Bofill, Mir & Álvarez Jana.
Sus clientes son básicamente empresas extranjeras: las canadienses Iron Creek, Atacama Minerals, Coro Mining Corp y la brasileña Vale do Río Doce (para la cual formó la sociedad Compañía Minera Latinoamericana Ltda. en Chile). También tiene negocios con los peruanos del holding Hochschild. En total, alrededor de 15 compañías, que el abogado prefiere no identificar.
En general, la figura con la que trabaja Mir es la siguiente: constituye en Chile sociedades con empresas interesadas en realizar exploración o explotación minera. En la mayoría de los casos, se trata de compañías extranjeras cuyo domicilio está registrado en paraísos fiscales, como Aruba, Las Islas Vírgenes Británicas o Antigua, donde no pagan impuestos, o pagan muy poco.
Por ejemplo, en junio de 2003, Mir y Tombstone Aruba crearon la sociedad de responsabilidad limitada “Compañía Minera Mena Resources”. Luego, esta sociedad se transforma, cede derechos, se crean nuevas firmas o las divide: un organigrama que queda registrado en el Diario Oficial.
Es lo que ocurre con Mena Resources: en abril de 2008, Tombstone Aruba, con domicilio en Aruba, cedió sus derechos a la sociedad Iron Creek Chile (minera canadiense), cuyo domicilio está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Luego, en febrero de 2011, Mena Resources, que ya poseía un capital de $1.036.994.734, fue dividida en dos nuevas razones sociales. La misma matriz se siguió para constituir Minera Cielo Azul Limitada y Latin American Cooper Chile.
-Yo jamás he invertido en propiedades mineras. He invertido en acciones de compañías mineras, pero propiedades mías… Por cosas que sé, por mi experiencia profesional, puedo llegar a la Bolsa y agarrar un palo blanco, ver cierta información, pero es un tema en el que he sido súper riguroso. Sé que hay otros abogados que participan en el negocio, yo jamás. Y llevo veintitantos años en esto -aseguró.




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