La Coordinadora de Familiares de los Presos Políticos Mapuche informó que iniciarán una huelga de hambre en las afueras del Hospital de Victoria, donde están internados los cuatro dirigentes que fueron condenados en el juicio de Cañete y que este lunes cumplen 84 días de ayuno.
La radical medida de presión surge como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de rebajar las condenas de los comuneros de 25 y 20 años a 14 y 8, pero sin anular el juicio tal como lo solicitaba la defensa y los familiares.
Los comuneros además se declararon en “estado de alerta” ante la única salida que ofrece el gobierno que en este caso sería la alimentación forzada, por considerarla una forma de violencia y tortura.
La vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo calificó la recalificación de la sentencia como “inaceptable” y aseguró que “es muy malo que el máximo tribunal chileno haya avalado la aplicación de la Ley Antiterrorista, la vulneración al debido proceso y que se hayan obtenido declaraciones bajo tortura”.
Por eso el mismo viernes los comuneros mapuche decidieron continuar en huelga de hambre hasta que se anule el juicio y se realice otro sin las implicancias de la normativa antiterrorista.
Victoria Fariña, abogada de Jonathan Huillical, también rechazó la medida y señaló que pese a la indiferencia que el Gobierno ha intentado mantener, se ha hecho parte del proceso al solicitar que se rechazara la nulidad entre otras operaciones. “Este es el ejercicio de un derecho político. Aquí hay persecución de ideas políticas y no de delitos. Por lo tanto, desde el principio han operado otras fuerzas que han presionado”.
Por su parte, el abogado de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, indicó que esta resolución sienta un negativo precedente sobre la utilización de la polémica Ley Antiterrorista y además pone a la justicia en abierta contradicción al existir una absolución por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción por los mismos hechos que en esta causa.
“No estamos conformes. Hay un alivio humanitario en que hayan bajado las penas, pero el tema de fondo ha quedado subsistente. La utilización de testigos secretos, anónimos, perpetuos en contra de imputados. Eso significa que en Chile cualquier ciudadano puede ser acusado por personas encapuchadas que nunca se sabrá quienes son. Es una situación compleja puesto que hay una sentencia que absuelve y otra que condena. Es una justicia contradictoria”, dijo Ortega.
En tanto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, advirtió que esta contradicción afecta la solidez del Estado de Derecho en Chile y que nuestro país queda internacionalmente cuestionado por la falta de concordancia de su legislación interna con los tratados internacionales. “Esto debilita a Chile”, precisó.
Fuente: Wall mapu
PRENSA GRÁFICA CALLEJERA M.I
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