Ley de Resguardo Público, y el artículo que penaliza al manifestante y protege a Carabineros.

Con la presencia del Ministro del Interior (del terror) y de una representante de Amnistía Internacional-Chile, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados inició el miércoles recién pasado la discusión y votación en particular del proyecto que fortalece el resguardo del orden público, la llamada “ley anti-tomas”.

En la oportunidad se aprobó una reforma al artículo 261 del Código Penal -correspondiente al título VI "SOBRE DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA"- Es decir, en una forma sencilla el castigo para quienes cometan algún atentado CONTRA LA AUTORIDAD O SE RESISTAN CON VIOLENCIA, EMPLEEN FUERZA O INTIMIDACIÓN CONTRA INTEGRANTES DE CARABINEROS, POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y GENDARMERÍA DE CHILE, es decir, protección total al cuerpo de carabineros que por lo demás en estos últimos 8 meses de movilizaciones sociales han actuado en completa permisión del gobierno de turno ante la ola de violencia implementada en contra de los manifestantes.

Esta norma fue aprobada con siete votos a favor de diputados de Gobierno y seis en contra de diputados de oposición. 

El Ministro del terror, Rodrigo Hinzpeter, explicó que esta disposición permitirá penalizar a quienes ataquen por medios violentos a los agentes del orden y la seguridad pública. Uno de los parlamentarios que votó en contra, el diputado Felipe Harboe (PPD), acusó una errada técnica legislativa, argumentando que las normas de protección a los agentes policiales se encuentran en otras disposiciones legales e hizo ver que los policías tienen la condición de ministros de fe, lo que abre la posibilidad de aumentar la penalización a participantes en manifestaciones públicas.

Sanción a desórdenes y saqueos

Sin embargo, la discusión más intensa se concentró en el numeral 3 del artículo primero del proyecto, que sustituye el artículo 269 del Código Penal, cuyo texto señala que se aplicarán penas de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) a quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza y violencia que signifique interrumpir servicios públicos, saquear establecimientos comerciales, alterar la libre circulación de las personas o vehículos o atentar contra la autoridad, empleando armas de fuego o cortantes, artefactos explosivos, incendiarios o químicos, causando daños a la propiedad pública, municipal o particular. 

La proposición fue cuestionada por los diputados Felipe Harboe (PPD), Cristina Girardi(PPD), Manuel Monsalve (PS), Gabriel Silber (DC), Carlos Montes (PS)y Matías Walker (DC), quienes plantearon que se trata de una norma ambigua y mal redactada que será utilizada para criminalizar la protesta social y sancionar a quienes se manifiesten legítimamente a favor de demandas sociales, como ocurrió con las recientes movilizaciones estudiantiles e incluso con los usuarios de Transantiago que han interrumpido el tránsito para reclamar por el mal servicio.

A favor de la modificación se pronunciaron los diputados Cristian Letelier y María Angélica Cristi, quienes pusieron el acento en que la nueva norma permitirá penalizar a quienes desnaturalizan las manifestaciones incurriendo en acciones de violencia como saqueos, destrucción de pequeños comercios y quema de vehículos.


El ministro del terror Hinzpeter, por su parte, subrayó que el actual es un gobierno democrático que respeta los derechos humanos y garantías básicas, entre ellas el derecho a protesta social. “Este proyecto lo que hace es precisamente fortalecer el derecho a expresarse y proteger la protesta social, porque distingue nítidamente entre quienes se manifiestan legítimamente y aquellos que aprovechan la protesta social para delinquir”, indicó.

Antes de la discusión, expuso ante el grupo parlamentario la integrante del directorio de la filial chilena de Amnistía Internacional, Yasmin Espinoza, quien expresó la inquietud de dicha entidad en torno a este proyecto de ley planteando que en sus actuales términos éste vulnera tratados internacionales y derechos garantizados por la Constitución, específicamente los que dicen relación con la libertad de expresión, de manifestarse públicamente y el derecho de reunión.

Y entoncés ¿qué sucede con las agresiones que Carabineros ejerce en contra de la ciudadanía?, entonces ¿qué sucede con las violaciones a los DDHH que éstos todos los días ejercen?. El gobierno de Chile esta empecinado a solo buscar culpables entre los jóvenes que luchan por una educación digna para todos, por los trabajadores que día a día tienen que luchar por el trabajo con sueldos miserables, para aquellas dueñas de casa que la canasta familiar solo  llega a un kilo de arroz y el veneno de la vienesa. 

El gobierno ya dejo de ser el ente que administra un estado, para pasar a ser el ente represor, y lo deja estipulado en su empeño por criminalizar la protesta, por castigar y poner tras las rejas a los "exaltados" que han dejado sus quehaceres cotidianos para transformar las mentes capitalistas e imperialistas de nuestro país.