Si bien hablamos poco de estos temas, los años ochentas y la aplicación al pie de la letra del neoliberalismo en Chile, significó algo bien distinto a la simple aplicación de medidas técnicas a favor del desarrollo del país. Escudados en las cortinas brindadas por la represión, el miedo y la falta de información pública, varios personajes se hicieron millonarios con las privatizaciones de bienes y empresas públicas.
Como siempre, por supuesto, el Estado (o sea, todas y todos los chilenos) asumimos los costos y riesgos. Cuando el ahora presidente de Azul Azul José Yuraszeck compró Chilectra en los años 1980s, lo hizo con importantes créditos que fueron avalados por el mismo Estado chileno (o sea, si el negocio fallaba, pagábamos todos nosotros). Luego, en los noventas, él mismo obtuvo millonarias utilidades con la venta de Chilectra, que fue vendida a capitales extranjeros. La operación estuvo además al calor de un importante fraude conocido como “El Caso Chispas”, donde para variar, Piñera estuvo involucrado.
Recordar además, que durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó también parte de Codelco, específicamente 300 mil hectáreas de yacimientos menores de Codelco se traspasaron gratuitamente a empresas extranjeras. Y por si fuera poco, fue quien privatizó Colbún, Edelnor, Edelaysen, que en conjunto representaban cerca del 40% de la generación eléctrica del país que aún estaba en manos del Estado. Vale la pena traer a la memoria aquellos años, ya que actualmente la misma lógica se aplicó en la privatización de las sanitarias. El caso de Yuraszeck es importante por dos razones:
1) Ilustra cómo la aplicación del neoliberalismo en Chile distó mucho de ser la mera aplicación técnica de un paradigma económico, y que éste tenía, en sus raíces, intereses profundos que muchas veces violaron las mismas recetas prescritas por el mismo.
2) Lo anterior se relaciona con el fenómeno mismo del neoliberalismo, que fue abrazado y promovido a lo largo de todo el globo por las elites económicas. Éste permitía (y permite) disfrazar de técnica, neutra y objetiva, una forma de hacer política con una clara ideología.
La aplicación de esta ideología en las últimas décadas se ha traducido en lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck denomina: “La privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos y costos”. Lo ejemplifica de forma magistral analizando el caso de la energía nuclear y la crisis financiera, donde súbitamente los más fieles seguidores de esta nueva religión, como dirigentes del FMI o altos directivos del Deutsche Bank, acudieron desesperados al Estado para pedirle que salvara al sistema financiero inyectando recursos públicos.
En el año 2011, el gobierno de Sebastián Piñera terminó de vender las acciones que el Estado chileno poseía en las empresas sanitarias (35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio). Estas empresas entregan al año al Estado chileno alrededor de US$400 millones y su venta aportará unos US$1.600 millones. Esto con el pretexto de financiar la reconstrucción, que ya permitió el autogol de la modificación del mal llamado royalty minero y la extensión de la invariabilidad tributaria a las transnacionales mineras, Piñera solo avanzó un nuevo paso hacia la privatización total de los activos públicos.
Por su parte, el “argumento” que dio el gobierno de Frei para privatizar la primera porción de las sanitarias fue que con ello se lograría una mayor cobertura del servicio. Sin embargo, las cifras nos dan un panorama distinto, donde el único aumento significativo se da en el tratamiento de las aguas servidas (de un 17% en 1998 a un 83% en 2008). Ahora bien, ¿quién pagó esa inversión? Que no sorprenda la respuesta, que es generalmente la misma en estos casos: NOSOTROS, LOS CONSUMIDORES.
Cada mes en la cuenta de agua que llega a nuestras casas hay un ítem por el tratamiento de las aguas servidas. La inversión está siendo pagada por todos los chilenos y chilenas. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no pudo hacer algo similar el Estado considerando además que estas son empresas con grandes rentabilidades?
La lógica neoliberal estos son activos prescindibles de los cuales el Estado debe deshacerse. ¿Por qué? Porque así el sector será más eficiente, competitivo y finalmente los usuarios pagarán menores precios. Pero en la práctica, las empresas privadas para nada son más eficientes, competitivas y claramente los consumidores no pagan cada vez precios más bajos. De hecho, dadas las consecuencias de la privatización inicial de las sanitarias el Estado ha tenido que subsidiar el agua para ciertos segmentos de la población, ya que no les era posible costearla.
Al final del día, la venta de las sanitarias se asemeja a la paradojal ilusión producida por la idea de obtener grandes sumas de dinero vendiendo una gallina que todos los días pone un huevo de oro. Esto es: “Pan para hoy, hambre para mañana”, donde solo se ven beneficiados unos pocos.
Hemos llegado entonces al punto final y que va al fondo del asunto. Así como prescribir la venta de los bienes públicos se basa, finalmente, en posiciones normativas y políticas concretas, hay otras visiones que postulan que el Estado, por razones estratégicas y para resguardar el interés público en situaciones clave (por ejemplo el agua), debe primar. En la mayoría de los países desarrollados, más o menos capitalistas, los servicios básico se mantienen en manos del Estado (el agua, el transporte, la energía, entre otros). Lo anterior permite que en momentos de crisis o de tomar decisiones importantes prime la lógica pública por sobre la privada.
CHILE MIENTRAS TANTO, ES EL ÚNICO PAÍS DEL MUNDO CON SUS GUAS PRIVATIZADAS.
SOMOS UN PAÍS DE MIERDA. PUNTO.
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