Por Mireya García.
Resultaría no sólo impresentable, que lo es, sino además incomprensible, la designación de ex comandante en jefe del Ejército como miembro y presidente del Consejo del Servicio Electoral sin tener a la vista la razón de fondo que permitió la intervención militar en un organismo del Estado vital para el funcionamiento de la democracia, a través del cual se implementa la acción legal-participativa más importante de la institucionalidad democrática. Palpablemente el actual estado de las cosas ha sido exitoso en afianzar modelos.
Neoliberalismo, desregulación del mercado, control de los medios de comunicación masivos y casi sin que se note la imposición de un Estado policíaco que ahoga al ciudadano que exige cambios. Junto a ello, la institucionalidad heredada permanece invariable, el sistema electoral binominal sigue su curso; la Constitución de la dictadura solamente ha sufrido el embate del maquillaje político; el sistema de justicia sigue siendo rehén de la intervención política y los derechos humanos.
Como concepto e historia provocan tal malestar en los gobernantes que simplemente los obvian, como si los miles de chilenos víctimas de la dictadura fueran solo un número que puede llegar a ser lamentable, pero no condenable.
La sociedad refundada por la dictadura hoy se tutela a ultranza en diversos ámbitos, también y fuertemente en el institucional. Este es sólo un ejemplo más.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que, se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia” haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
En este contexto es que resulta posible designar a un ex comandante en jefe en un cargo que supone competencia, conocimiento, compromiso democrático y un historial muy distante al que ostenta Juan Emilio Cheyre. Asumir como “irrelevante” las acusaciones que pesan sobre Cheyre en la operación de exterminio, Caravana de la Muerte, en la ciudad de La Serena, demuestra que el límite entre lo moral y lo inmoral se trastocó gravemente y que mañana cualquier acusado o responsable de violaciones a los derechos humanos puede asumir una labor civil, republicana y democrática.
Más cercano en la retina tenemos la muerte brutal de 45 conscriptos en Antuco, cuando Cheyre era comandante en jefe y no tuvo el coraje y la responsabilidad de renunciar, para asumir con hidalguía su responsabilidad en esa tragedia.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia”, haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre Cheyre, independientemente de su resultado judicial, tampoco fueron consideradas al ser designado comandante en jefe del Ejército. Otrora se adujo que no existía condena, pero para las víctimas y la sociedad tampoco hubo exculpación.
Hoy la historia se reitera. Seguramente los argumentos serán los mismos, pero nosotros, los que sufrimos la violencia dictatorial y luchamos por recuperar la democracia, con la frente en alto podemos decir que Juan Emilio Cheyre está inhabilitado moral y éticamente para ser el presidente del Consejo del Servicio Electoral.
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