Representantes mapuches interponen recurso de amparo contra ministro Hinzpeter

Hasta la Corte de Apelaciones llegaron ayer representantes mapuches para establecer una acción judicial contra el ministro del Interior, quien estableció responsabilidad a miembros de esa etnia, por los incendios en Carahue, sin que se haya realizado una investigación previa.

Hasta la Corte de Apelaciones llegaron representantes de la comunidad mapuche para interponer un recurso de amparo en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debido a la atribución de incendios forestales a personas de esta etnia.

Así lo precisó el abogado que presentó la acción legal, Juan Loncon, quien indicó que "hoy día hemos puesto un recurso de amparo preventivo en contra de Rodrigo Hinzpeter en su calidad de ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, a partir de las declaraciones que hizo Hinzpeter sobre los eventos de incendios en la localidad de Carahue".

"En esa oportunidad el ministro atribuyó responsabilidades en forma inmediata contra el pueblo mapuche, por su presunta responsabilidad en los incendios sin ninguna prueba ni investigación que demuestre que las comunidades mapuches participaron en estos incendios. Es más, en gran parte de ellos, acusa formalmente a las comunidades mapuches como responsables del incendio, por lo cual consideramos que hay una actitud racista en contra de los mapuches. Esa discriminación pone en peligro la libertad y seguridad individual de todos los mapuches", añadió.

Por su parte, Domingo Naucura, ex director nacional de Conadi, declaró que "aquí se está abriendo un camino muy peligroso que está afectando a la convivencia nacional y que puede tener implicancias muy profundas en la paz del país. Por lo tanto, el camino que está aplicando el ministro del Interior, de aplicar la ley antiterrorista en contra de los responsables -particularmente mapuches-, es un camino equivocado. Lo que no implica que se pueda encontrar a los responsables", sostuvo.

Camila Vallejo declara a diario britanico "muchos estudiantes fueron torturados"

La actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, afirmó en una entrevista al diario británico "The Guardian" que muchos estudiantes fueron "torturados" durante las movilizaciones estudiantiles del año pasado.

"Se comprobó que hubo efectivamente detenciones ilegales y torturas. Se torturó a muchos estudiantes, a muchos jóvenes en nuestro país durante el proceso de movilización", recalcó.

"El actuar de Carabineros muestra una práctica sistemática de represión", aseveró.

Durante la entrevista, la dirigenta destacó los métodos alternativos que desplegaron los estudiantes para manifestarse, que incluyeron "la musicalización de las demandas" y marchas festivas, como el desfile en el que los participantes se disfrazaron al estilo del video "Thriller" de Michael Jackson.

"Eso nos ayudó a llegar a la gente de otra forma, y no solamente con marchas", explicó.

En octubre del año pasado, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un total de 117 casos de acciones que calificaron como "abusos policiales" y "torturas" durante las protestas estudiantiles.

A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS Y LICEOS ¡¡¡NO AL DECRETO 1363!!!

A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS Y LICEOS.

El Decreto Exento 1363 del Ministerio de Educación (Mineduc) disminuye una hora semanal de Educación Artística en 5º y 6º básico y funde Artes Musicales con Artes Visuales en 7º y 8º básico. Así Música y Artes Visuales tendrán tres horas en los colegios con jornada escolar completa y dos en los que no adhieran a este régimen.

Los directores tienen la opción de tomar la medida o seguir con la distribución que ya tenían. Es lógico, los establecimientos con mejores resultados y con  mayor matrícula pueden disponer “en libertad” la decisión de NO reducir las horas de artes musicales y visuales.

Los directores que por diversos factores, sean estos socioeconómicos, políticos o culturales, no tienen buenos resultados, con este decreto se ven presionados para subir los puntajes en las asignaturas “importantes” como si la música y las artes visuales fueran conocimientos que no son imprescindibles en la formación de cada niño y niña.

Sabemos que las artes permiten desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la demostración de sentimientos a través de diversas técnicas y en diversos momentos de la historia de la humanidad.

Las artes van en contraposición de la ideología imperante,   haciéndola dependiente de todo, anulando su capacidad creativa, anulando a la persona a través de la dependencia del capital, de la necesidad de obtener cosas (independiente de su real necesidad), lo que exalta el individualismo vacío, irreflexivo, egoísta.

Todo lo anterior tiene armas legales para ser contrarrestado.  Según el Estatuto Docente Artículo 15: En los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente.

Estos serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes.

Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento interno.

Por tanto, apelamos a los directores de escuelas y liceos a fomentar la participación del cuerpo docente como organismo con autonomía y decisión de las resoluciones técnico pedagógicas. Sabemos de antemano que a muchos colegas directivos no les gusta la organización, pero apelamos al sentido común y a la defensa del rol formador integral que deben tener los establecimientos educacionales.

Por una educación integral, crítica y emancipadora.

Por el derecho a voz y voto.

Por la restitución de los Consejos de Profesoras y Profesores.

Por más horas de arte, tecnología y todo estudio que fomente la participación y el espíritu crítico de nuestros estudiantes.

SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Intendencia de Santiago y las autorizaciones a las marchas "siempre y cuando se apeguen a la Ley"

El miércoles recién pasado la intendenta metropolitana Cecilia Pérez realizó su cuenta pública de la gestión realizada durante el 2011, la que estuvo marcada por el gran énfasis que se dio al balance de las múltiples manifestaciones estudiantiles que se realizaron.

Sobre esta materia, la máxima autoridad regional avisó que para este año, "dentro del marco de la ley van a contar con la Intendencia Metropolitana 100 por ciento, para poder hacer convivir los dos derechos que yo resaltaba en la cuenta pública: el derecho legitimo a manifestarse, pero también, el resto de los habitantes de la región Metropolitana, también tienen el derecho de estar tranquilos y vivir en paz".

Además, hizo un llamado a los nuevos dirigentes estudiantiles, "que ya no son con los que nos relacionábamos en 2011. Como intendencia vamos a seguir con el espíritu dialogante, vamos a seguir abriendo las puertas de este lugar (la intendencia) para que ellos vengan a conversar, que podamos coordinar, que puedan pedir como corresponde y en derecho, las autorizaciones respectivas".

En su cuenta pública, Pérez detalló que durante el pasado año hubo 2.014 manifestaciones, de las cuales 75 estuvieron vinculadas al movimiento estudiantil, lo que implica un aumento del 79 por ciento en relación a 2010.

La primera marcha estudiantil del 2012 ya tiene fecha y quedó fijada para el 15 de marzo, la que en un prinicipio se llevaría a cabo por La Alameda.

Funa a Sabat..

Un grupo de alrededor 70 personas realiza una funa contra el alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, por sus dichos sobre las estudiantes del Internado Nacional Femenino respecto a que mantenían un "puterío"durante la toma del recinto.

Los estudiantes y apoderados protestaron pacíficamente en el frontis de la Municipalidad de Ñuñoa y colgaron lienzos contra el jefe comunal, sin embargo un grupo bloqueó la avenida Irarrázaval.

En ese momento decenas de funcionarios policiales llegaron al sector y Carabineros actuó con el carro lanzagua para dispersar la manifestación. De forma preliminar, una persona fue detenida tras estos incidentes, aunque todavía no hay un balance oficial.

Pese a ello, manifestantes continúan protestando de forma pacífica contra el alcalde.

En tanto, Io Giuria, vocera del Internado Nacional Femenino, confirmó que este viernes tomarán acciones legales contra Sabat.

"Presentar una querella criminal por injurias graves con publicidad, la vamos a presentar mañana a las 12:00 horas en el centro de Justicia", afirmó la estudiante.

"Además de eso, a las 11:00 horas vamos a levantar un recurso de protección con los compañeros de la comuna y de las demás comunas por el tema de la cancelación de las matrículas", añadió Giuria.

Además la vocera del recinto aseguró que exigen "las disculpas públicas oficiales del alcalde, porque se retractó pero para nosotras no fue nada oficial, porque después siguió insultándonos y refiriéndose a nosotras en malos términos".

Resumen Juicio Politico del “Caso Bombas”: 18 Diciembre -30 Diciembre 2011

Terminan de declarar tanto los policías, peritos y testigos de la explosión, incluyendo el barrendero que fue victima circunstancial del atentado quedando solo con daños catalogados como leves.El artefacto explosivo estaba compuesto por un balón de gas de 2 kilos relleno con pólvora activado con un sistema de relojería que habría fallado y fue activado por la manipulación del barrendero.
El grupo “Fuerzas autonómicas y destructivas León Czolgoscz” se adjudico el atentado:
 

Ayer la CNI, hoy la ANI*Su nombre cambia, su fondo no. Como la dictadura militar se convirtió en dictadura policíaca-capitalista. El estado se mantiene. Nos violenta con su terrorismo cotidiano. Intentan convertirnos en amnésicos y sumisos consumidores de basuras mercantiles e ideológicas de control social e inacción individual Con este ataque evidenciamos que la “inteligencia" del Estado es tan frágil y destructible como estos cristales rotos. Los muros que construyen y los ojos electrónicos que instalan, para vigilarnos y encarcelar a quienes no siguen las pautas de comportamiento de un esclavo asalariado nunca han logrado ni lograrán detener la agresión transgresora contra este delincuencial sistema burgués, cimentado en la explotación, muerte y depredación ambiental.

Las elecciones son un circo de la ignorancia, sólo perpetúan el sistema de los ricos. Contra ellos, no nos inscribimos ni votamos. Con esta acción s a la presidenta pseudo socialista y esta su guarida de criminales a sueldo. Contra ellos. Los enfrentamos. Los destrozamos. Nuestro ataque será incesante. Y cada vez más violento.

Fuerzas autonómicas y destructivas León Czolgoscz


* El miércoles 18 de enero de 2006, un artefacto hizo explosión cerca de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Un trabajador municipal resultó herido mientras realizaba tareas de limpieza. La explosión se la atribuyeron unas Fuerzas autonómicas y destructivas León Czolgoscz, desconocidas hasta la fecha. El volante que reproducimos fue hallado en el lugar de la explosión y reproducido por el periódico La Nación.


El compañero Francisco Solar se encuentra acusado de participar en esta detonación por la declaración del delirante Gustavo fuentes aliaga (el grillo).

Atentado contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El 21 de Diciembre del 2006 el CDE se encontraba custodiado por una garita y un policía que realizaba rondas permanentes alrededor del edificio cuando desconocidos instalan un artefacto explosivo en sus escaleras cerca de la medianoche. El artefacto estaba compuesto por un balón de gas de 2 kilos relleno con pólvora negra mas un sistema de relojería, un detonador eléctrico, batería y panfletos que se adjudicaban la acción.

Tras ser detectado el artefacto, llega el equipo especial antibombas del GOPE que en un largo y aparatoso operativo que incluyo un robot especial, desarmo el explosivo casero.

El atentado lo revindico el grupo “Tamayo Gavilán”, ver aqui

Por esta detonación se encuentran acusado el compañero Francisco Solar y grillo el delirante colaborador, ambos solo por la declaración de este ultimo.

La fiscalía presenta a distintos testigos que nuevamente en casi en su totalidad son policías detallando el procedimiento y las medidas de seguridad para desactivar e identificar el artefacto. Por otra parte se busca hablar del temor que provoca la sola colocación de la bomba casera, llegando algunos al disparate de decir que tenían miedo a que se derrumbara el edificio con la explosión.

De show y teatro en tribunales

Durante estos días se ha traído el artefacto desarmado, sus partes y elementos mostrándoselo a distintos policías para que lo reconozcan. En este momento la fiscalía pretende levantar un show sin precedentes buscando asustar a los jueces, solicitando traer la pólvora negra y el detonador eléctrico con un equipo especial del GOPE en la sala de audiencia por la supuesta peligrosidad de las evidencias.

Tras una discusión por parte de los jueces, se decide que la sola presencia del GOPE en la sala contamina la evidencia ya que de una u otra forma la llena de un contexto y no permite su sola exhibición. Los jueces rechazan la presencia del GOPE, entendiendo que estos elementos (pólvora y el detonador eléctrico) por si solos y separados no son necesariamente peligrosos.

Tras este nuevo revés de la fiscalía, un policía del GOPE traslada la evidencia hasta la sala en el lugar destinado a publico, para de ahí pasársela a los fiscales que con un gran histrionismo y dotes teatrales tratan de mostrar y actuar la peligrosidad de los elementos. La defensa no se deja intimidar en ningún momento y manipula sin problema alguno la pólvora tocándola y oliéndola, entendiendo que esta si no esta comprimida solo combustiona y no explosa, demostrando una vez mas que el objetivo de la fiscalía es generar un contexto de miedo, temor y peligrosidad…una vez mas el único terrorista es el Estado.

 Atentado a Automotora Atal.

El 27 de Marzo del 2007 en la madrugada se produce un atentado explosivo contra una tienda de autos de lujo, un contenedor metálico relleno con pólvora negra y activado mediante mecha lenta detona quebrando un par de vidrios y dañando un auto tras producirse un amago de incendio.

El atentado fue revindicado mediante panfletos con la firma de “Juventud 29 de marzo J-29”.

Vuelven a desfilar distintos policías que realizaron el procedimiento y acudieron a la llamada, como también un trabajador del local. Ese mismo día y en horas similares otro atentado ocurrió en un banco BCI donde fue adjudicado con los mismos panfletos, la grosera falta de prolijidad quedo de manifiesto cuando la policía mezclo los distintos panfletos de distintos lugares embalándolos como una única evidencia, confundiéndolos y cambiándolos de lugar.

El grillo, delirante colaborador, es vinculado con este atentado y también fue vinculada Candelaria (actualmente sobreseída por dicho delito).

Nadie vio ni sabe nada y Amenaza de bomba

De todos los atentados que han sido expuestos en tribunales, ningún testigo reconoce o vio a quienes colocaron los artefactos, cuando existían cámaras la policía dice que estas eran tan borrosas que hacían imposible cualquier identificación. Ningún policía siquiera dice tener sospechas de quien podría ser el autor.

Por otra parte durante la ultima sesión del juicio, el viernes 30 de Diciembre, se producen distintas amenazas de bombas en algunas instituciones entre esas el Centro de justicia, teniendo que suspender lo poco que quedaba de audiencia durante ese día.

Muy a diferencia de lo que los perseguidores buscan y han tratado de señalar durante este mes de juicio: las personas no salía corriendo, ni asustadas , ni con temor, ni en estado de pánico o shock.

¡Por la total absolución de l@s 5 procesad@s!

¡Fin a la ley antiterrorista!

¡Ante el juicio político, la mejor defensa es la solidaridad imparable!

Fuente: Solidaridad por lxs presxs

Ley de Resguardo Público, y el artículo que penaliza al manifestante y protege a Carabineros.

Con la presencia del Ministro del Interior (del terror) y de una representante de Amnistía Internacional-Chile, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados inició el miércoles recién pasado la discusión y votación en particular del proyecto que fortalece el resguardo del orden público, la llamada “ley anti-tomas”.

En la oportunidad se aprobó una reforma al artículo 261 del Código Penal -correspondiente al título VI "SOBRE DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA"- Es decir, en una forma sencilla el castigo para quienes cometan algún atentado CONTRA LA AUTORIDAD O SE RESISTAN CON VIOLENCIA, EMPLEEN FUERZA O INTIMIDACIÓN CONTRA INTEGRANTES DE CARABINEROS, POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y GENDARMERÍA DE CHILE, es decir, protección total al cuerpo de carabineros que por lo demás en estos últimos 8 meses de movilizaciones sociales han actuado en completa permisión del gobierno de turno ante la ola de violencia implementada en contra de los manifestantes.

Esta norma fue aprobada con siete votos a favor de diputados de Gobierno y seis en contra de diputados de oposición. 

El Ministro del terror, Rodrigo Hinzpeter, explicó que esta disposición permitirá penalizar a quienes ataquen por medios violentos a los agentes del orden y la seguridad pública. Uno de los parlamentarios que votó en contra, el diputado Felipe Harboe (PPD), acusó una errada técnica legislativa, argumentando que las normas de protección a los agentes policiales se encuentran en otras disposiciones legales e hizo ver que los policías tienen la condición de ministros de fe, lo que abre la posibilidad de aumentar la penalización a participantes en manifestaciones públicas.

Sanción a desórdenes y saqueos

Sin embargo, la discusión más intensa se concentró en el numeral 3 del artículo primero del proyecto, que sustituye el artículo 269 del Código Penal, cuyo texto señala que se aplicarán penas de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) a quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza y violencia que signifique interrumpir servicios públicos, saquear establecimientos comerciales, alterar la libre circulación de las personas o vehículos o atentar contra la autoridad, empleando armas de fuego o cortantes, artefactos explosivos, incendiarios o químicos, causando daños a la propiedad pública, municipal o particular. 

La proposición fue cuestionada por los diputados Felipe Harboe (PPD), Cristina Girardi(PPD), Manuel Monsalve (PS), Gabriel Silber (DC), Carlos Montes (PS)y Matías Walker (DC), quienes plantearon que se trata de una norma ambigua y mal redactada que será utilizada para criminalizar la protesta social y sancionar a quienes se manifiesten legítimamente a favor de demandas sociales, como ocurrió con las recientes movilizaciones estudiantiles e incluso con los usuarios de Transantiago que han interrumpido el tránsito para reclamar por el mal servicio.

A favor de la modificación se pronunciaron los diputados Cristian Letelier y María Angélica Cristi, quienes pusieron el acento en que la nueva norma permitirá penalizar a quienes desnaturalizan las manifestaciones incurriendo en acciones de violencia como saqueos, destrucción de pequeños comercios y quema de vehículos.


El ministro del terror Hinzpeter, por su parte, subrayó que el actual es un gobierno democrático que respeta los derechos humanos y garantías básicas, entre ellas el derecho a protesta social. “Este proyecto lo que hace es precisamente fortalecer el derecho a expresarse y proteger la protesta social, porque distingue nítidamente entre quienes se manifiestan legítimamente y aquellos que aprovechan la protesta social para delinquir”, indicó.

Antes de la discusión, expuso ante el grupo parlamentario la integrante del directorio de la filial chilena de Amnistía Internacional, Yasmin Espinoza, quien expresó la inquietud de dicha entidad en torno a este proyecto de ley planteando que en sus actuales términos éste vulnera tratados internacionales y derechos garantizados por la Constitución, específicamente los que dicen relación con la libertad de expresión, de manifestarse públicamente y el derecho de reunión.

Y entoncés ¿qué sucede con las agresiones que Carabineros ejerce en contra de la ciudadanía?, entonces ¿qué sucede con las violaciones a los DDHH que éstos todos los días ejercen?. El gobierno de Chile esta empecinado a solo buscar culpables entre los jóvenes que luchan por una educación digna para todos, por los trabajadores que día a día tienen que luchar por el trabajo con sueldos miserables, para aquellas dueñas de casa que la canasta familiar solo  llega a un kilo de arroz y el veneno de la vienesa. 

El gobierno ya dejo de ser el ente que administra un estado, para pasar a ser el ente represor, y lo deja estipulado en su empeño por criminalizar la protesta, por castigar y poner tras las rejas a los "exaltados" que han dejado sus quehaceres cotidianos para transformar las mentes capitalistas e imperialistas de nuestro país.

Foro: Criminalización de la protesta y movimiento estudiantil secundario.

Las heroicas estudiantes de la Enseñanza Media. Por Ricardo Candia.

Las diez estudiantes del Liceo Carmela Carvajal a quienes les fueron canceladas sus matrículas, deben llevar esa sanción con decoro, como una estrella que las distinga como bravas luchadoras, como heroínas de este tiempo confuso, pero fértil

Esas muchachas son a la actual democracia, lo que a la dictadura fueron los presos políticos: perseguidos por luchar, castigados por sus ideales libertarios y democráticos. Las muchachas y los muchachos de ese liceo y de aquellos que se han mantenido firmes en sus tomas, merecen el mayor homenaje de toda la ciudadanía.

El movimiento social en general, y en particular el de los estudiantes, está en deuda con esos heroicos y casi olvidados estudiantes de la Enseñanza Media que durante meses han resistido los embates del gobierno, de la policía y de los alcaldes.

Y que durante su movimiento también se han sobrepuesto al silencio de muchos políticos que escriben con la izquierda, pero que comen con la derecha.

Los estudiantes de la enseñanza media, hombres y mujeres, han luchado desde hace mucho por una educación distinta a la que se ha entronizado en veinte años de administración concertacionista, mediante el sucesivo perfeccionamiento de las leyes de la dictadura.

Algunos recordarán que el año 2006 los estudiantes de la Enseñanza Media hicieron el ensayo general de lo que pasó el año que recién terminó, llegando a ser las más importantes movilizaciones sociales después de retirada la horda militar

Y algunos tratarán de no recordar que sería la presidenta estrella de la Concertación la que echaría por tierra el impulso de esos estudiantes.

La recordada Revolución Pingüina fue traicionada por el gobierno de Michelle Bachelet y, curiosidades de la política binominal, dio a luz el origen de todos los males que hoy se combaten: la Ley General de Educación.

De tarde e tarde circulan profusamente las inolvidables fotografías de la época con los actores de entonces levantando sus manos, algunos, incluso, con lágrimas en los ojos. Como un triste recordatorio de lo que hace un sistema político con una sola cabeza, pero con dos caras.

Hoy, los mejores herederos de esas luchas vuelven a dar un ejemplo de consecuencia, decisión y sentido de lo trascendente.

Las muchachas y muchachos de la Enseñanza Media fueron los primeros en tomarse sus establecimientos cuando se inició el movimiento. Desde entonces, han estado en la vanguardia de la lucha callejera, razón por lo que han sido castigados por la cobardía policial, amparada en la impunidad que les ofrece el Ministro Hinzpeter.

Innumerables intentos de desalojo de sus liceos, amenazas cotidianas, arremetidas de alcaldes fascistas que por las anomalías del sistema político no están presos a perpetuidad por sus actuaciones durante la dictadura, no han podido con ese heroísmo y son los últimos en entregar los bastiones de sus combates

Tardeo temprano el último de los liceos tomados serán entregados a las autoridades. Pero lejos de entender ese acto como una rendición, la lección que dejan sus ocupantes es de valentía y decisión. Condimentos que tanta falta hacen en el caso de las organizaciones de los trabajadores.

No mucho más tarde se va a comprender el aporte que han hecho los estudiantes de la Enseñanza Media.

Mientras, deberán llevar con orgullo su condición de perseguidos por los poderosos que  no soportan esa irreverencia que cumple con el deber de advertir que se vienen tiempos en que los estudiantes volverán una y otra vez a decir con su palabra limpia, sus razones, y proponer con certeza la posibilidad de un país distinto en el que no tenga cabida la cobardía, la prepotencia, la ambición y la codicia..

Como "Una piedra en el zapato" calificaron dirigentes de la CONFECH a Hinzzpeter.

Dirigentes de la mesa directiva de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) concurrieron este martes a la oficina de partes de La Moneda a dejar una carta, donde piden al Presidente Sebastián Piñera la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, porque a juicio de la organización universitaria el secretario de Estado "se ha constituido como un obstáculo a la libertad de expresión en Chile".

Así lo expresó a nombre de la Confech, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Gabriel Boric, junto al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Noam Titelman, y al dirigente de la Confech, José Ancalao, y vocero de la Federación de Estudiantes Mapuche.

Boric dijo que el ministro del Interior "ha buscado mediante diversas iniciativas y diversas declaraciones criminalizar toda expresión del movimiento social, no sólo estudiantil. Nos parece que esto se manifiesta de manera muy clara en la represión que vivió el movimiento estudiantil durante el año pasado, caso que incluso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular por la muerte del compañero Manuel Gutiérrez".

El presidente de la FECh expresó que también les parece que "la ley que está impulsando el ministro Hinzpeter, llamada ley de Fortalecimiento del Orden Público criminaliza y condena con penas de cárcel prácticamente todas las acciones que el movimiento estudiantil realizó durante el año pasado".

Del mismo modo, sostuvo que "es inaceptable que el ministro del Interior califique de actos terroristas los incendios en la Octava Región sin que antes se haya realizado una investigación, que es lo que corresponde en un estado de derecho. Esto ni siquiera lo decimos como estudiantes, sino que lo ha mencionado el fiscal nacional, el señor (Sabas) Chahuán, además del fiscal de Carahue. Nos parece que el ministro Hinzpeter está equivocando el rumbo y tensionando innecesariamente la cohesión social del país", manifestó.

Boric manifestó también que como "Confech solidarizamos y les enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y seres queridos de los siete brigadistas muertos en el sur en el cumplimiento de su labor. No tendremos ninguna duda que en el caso de una investigación realizada con ajuste a derecho determine que hay responsables de los incendios, y que estos fueron intencionales, en condenarlos, pero esto sin embargo no ha sido llevado a cabo".

Por su parte, el presidente de la FEUC, Noam Titelman, dijo que "hacemos eco del llamado que ha sido lanzado por parte del Poder Judicial al Gobierno, un llamado a la prudencia. Este verano estamos muy preocupados porque se nos han acercado muchas personas, dirigentes comunales y de distintos lugares planteando de que existe el peligro de que este verano veamos un nivel de represión en el sur como no se ha visto desde hace mucho tiempo", expresó el dirigente universitario.

"De hecho, hemos planteando viajar al sur y ver con nuestros propios ojos lo que está sucediendo y asegurarnos que los atropellos a los derechos humanos, que en este momento se están realizando, no pasen impunes. Estamos extremadamente preocupados por esta situación y hemos venido a manifestar nuestra solidaridad con las comunidades mapuches", añadió Titelman.

A su vez, el dirigente estudiantil José Ancalao, manifestó que "el ministro Hinzpeter es claramente una piedra en el zapato para resolver los problemas sociales que tiene el país. No se resuelven con más carabineros en las calles, sino que se resuelven con voluntad política, y eso es lo que estamos buscando", expresó.

Preguntado el presidente de la FECh, Gabriel Boric, si estos planteamientos relacionados con el pueblo mapuche, confunden las mismas reivindicaciones estudiantiles, el dirigente universitario dijo que "nosotros no estamos solamente dando una pelea por la calidad de la educación, que sin dudas es fundamental, y es un tema muy importante, pero nosotros también estamos peleando por el carácter de la democracia en el país, y lo que ha sucedido en el sur nos parece que ameritaba una declaración de la Confech", expresó el dirigente.

Álvaro Corbalán, condenado en el Hotel Punta Peuco, dice que "hay que dejar rencores atrás, hay que ceder y saber perdonar".

El ex agente de la CNI, torturador y asesino Álvaro Corbalán, que se encuentra en presidio en Punta Peuco, cantó al perdón en un tema llamado "Canción por el Reencuentro".

"Hay que dejar rencores atrás, hay que ceder y saber perdonar", dice la letra, que fue presentada en una "reunión en el hotel Punta Peuco", el pasado mes de Julio pasado, donde los asistentes escucharon atentamente al tema compuesto por el mismo torturador y asesino Alvaro Corbalán. 

Corbalán está acusado de estar implicado en el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y en la operación Albania, donde 12 frentistas fueron asesinados.

Se trata de la segunda canción de Corbalán y fue difundida por el sitio Cambio 21. Ya circula por Youtube.

La letra dice: "Difícil es vivir en paz, si no te debes derrotar/ el tiempo ayuda a perdonar, nos debe una oportunidad. Mejor el bien que el mal/Si nos queremos reconciliar/ hay tanto por hacer, hay tanto que lograr, hay que dejar recores atrás, hay que ceder y saber perdonar".

Y prosigue: "Santa María, madre de Dios, somos chilenos de ayer y hoy/Santa María, madre de Dios, sólo pedimos tu bendición".

La Historia de los Autoatentados Incendiarios de Forestal Mininco en 1999.

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Por: Hanzinho.

En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Minenco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?

Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno “socialista” del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:

El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto mapuche se provocaban auto-atentados:

“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales”

Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.

Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:

“Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.”

“Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)”

A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto.

El Desmantelamiento de los Entes Reguladores.

Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico y para que vean la clase de gente de la que hablamos, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos(!)

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El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco.

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Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes quedesenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.

El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)

“Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches”

“Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”

“En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rehues (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”

Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.

Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:

“No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”

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El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.

En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.

“La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”

“Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches”.

Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.

“Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”

Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

Otros Casos.

También hubo relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco, la cual investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.

Durante el año 2008 y hasta el 2010, el Senador RN Alberto Espina apoyado por Carlos Larraín manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y la FARC Colombiana. Al final, en noviembre del año pasado Espina tuvo que desdecirse ya que simplemente no habían pruebas.

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Imputaciones a Mapuches y Aplicaciones de Leyes Especiales y Represivas.

Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil para el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004 sería el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento Mapuche. (El Mercurio, 22/08/2004).

Al respecto, como se ha venido denunciando, existen Mapuches condenados incluso a más de 10 años de cárcel por delitos menores con penas absolutamente desproporcionadas, y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales por los atentados incendiarios a los que se les ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por autoatentados.

Una vez más, ¿No les parece conocida la historia?

A continuación un recopilado de los diarios de la epoca, cualquier parecido con lo de ahora es solo coincidencia… (?)

Fuente: Gamb.cl