Por Hector Carcamo
Informe revela cambio en política de sueldos en 2011, que permitió elevar hasta en cuatro veces las indemnizaciones a tres gerentes de Puerto Madero Impresores, mientras la empresa se aprestaba al cierre y perdía más de $ 1.690 millones en 2011.
Numerosos desórdenes administrativos, deudas morosas de varios años -incluyendo una del Presidente Sebastián Piñera- y cambios al plan de indemnizaciones para los principales ejecutivos que permitió hasta quintuplicar los pagos, detectó la Contraloría en la filial de La Nación, Puerto Madero Impresores, en un informe evacuado en las últimas horas, pero con fecha 18 de diciembre de 2012.
La auditoría de la entidad liderada por Ramiro Mendoza revisó el proceso de cierre de Puerto Madero Impresores, como parte de la decisión del Gobierno de poner fin al diario público La Nación.
Puerto Madero incluía entre otros activos una imprenta en la cual se llevaban al papel el diario La Nación hasta que se cerró en diciembre de 2010 y luego prestó servicios a distintos clientes, siendo el último de ellos Publimetro.
En su análisis, Contraloría verificó un llamativo plan de retención de ejecutivos elaborado por el directorio de Puerto Madero el 28 de enero de 2011. La mesa la presidía Daniel Platovski y la integraban, entre otros, Gonzalo Muller, Raimundo Valenzuela, José Miguel Alcalde y Teodoro Wigodowski.
Fue este último que informó al directorio del plan de retención de ejecutivos, que fue ratificado por la mesa, y que consideró una indemnización contractual adicional y además, levantó la restricción del tope de 90 unidades de fomento para el cálculo de indemnización, cuyo costo variaría de $ 42,2 millones, a la suma de $ 120,8 millones. En rigor, según explica Contraloría, con el nuevo plan de retención de ejecutivos, el costo de indemnización sería de $ 163 millones, con un aumento respecto del costo total original de $ 120,8 millones. Fue aprobado, según el informe de Contraloría, en forma unánime por los directores.
La medida, explicada por Puerto Madero a Contraloría como imprescindible para mantener a tres ejecutivos “clave”, permitió más que cuadruplicar el pago en caso de despido a la gerente general de Puerto Madero, María Antonieta Estay desde $ 16,18 millones a $ 71,8 millones. En el caso de los gerentes de producción y comercial, la cifra subió de $ 11,8 millones a $ 40,9 millones y de $ 14,2 millones a $ 50,35 millones, respectivamente.
Contraloría notó que tres días después del acuerdo la administración, encabezada por la propia Estay, modificó los contratos de ella y los otros dos ejecutivos, incluyendo una cláusula que establece que la base de cálculo de la indemnización no estará afecta al tope de UF 90 (unos $ 20 millones) que señala el 172 del decreto con fuerza de Ley N°2 de 1967, de ministerio del Trabajo.
Junto con ello, establece en la cláusula cuarta, que el trabajador tendrá derecho a una indemnización adicional, equivalente a cinco veces su sueldo base vigente al 31 de diciembre de 2010, ajustable conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes de noviembre de ese año y el mes anterior al término del contrato, en caso de que el término de éste se concretara antes del 1 de marzo de 2013 y bajo cualquiera de las circunstancias, previamente descritas en la cláusula.
Entre las causales tipificadas como necesidad de la empresa, figuran el cambio de accionista controlador de la empresa, cambio del accionista mayoritario y el cierre parcial o total de actividades de la empresa.
En efecto, estos tres ejecutivos dejaron la empresa el 12 de septiembre del mismo 2011 y la empresa, al final no sólo terminó pagando los $ 163 millones planificados sino $ 178,6 millones, de los cuales se descontó seguro de cesantía e impuestos, con un saldo líquido a pagar de $ 144,14 millones.
Contraloría detectó inconsistencias en la actuación del directorio y la administración pues en el directorio de junio – dos meses antes de la desvinculación de los aludidos funcionarios- la gerente general señaló que de acuerdo al Plan de Acción propuesto para el segundo semestre del mismo año, se debía analizar la idea de cerrar, para reducir el riesgo de insolvencia y que de esta manera “se salvaguardara el cumplimiento de todos los compromisos con proveedores, acreedores financieros y con todos los trabajadores”.
“Dicha situación, no se condice con el citado Plan de Retención, toda vez que existe una incongruencia entre la finalidad del referido Plan con lo que efectivamente aconteció, que fue el despido de los gerentes de la empresa. En suma, el Plan aprobado por el Directorio permitió pagar mayores indemnizaciones a los tres gerentes que fueron desvinculados de la empresa, entre ellos, la mencionada Gerente General aún cuando la entidad presentaba pérdidas progresivas, y con el riesgo de no contar con suficiente capacidad económica para el debido cumplimiento de sus obligaciones”, dice Contraloría.
En efecto, mientras Puerto Madero le pagaba millonarias indemnizaciones a sus ejecutivos para que se quedaran ocho meses más (desde enero a septiembre de 2011), ese mismo año la firma perdía $ 1.690 millones, por lejos el peor desempeño al menos desde 2008 cuando había perdido $ 311 millones. Junto con ello, la firma redujo sus ingresos en casi un 50% respecto de 2010 (de $ 9.212 millones a $ 5.616 millones).
Puerto Madero respondió que desde 2010 venían advirtiendo en la empresa que podían perder ejecutivos clave de la compañía, los cuales incluso “tenían ofertas de trabajo concretas”. Los ejecutivos clave, para el directorio eran sólo los tres beneficiados, pues otros cinco no fueron retenidos.
Ninguno de los argumento presentados por la firma satisfizo al Contralor, quien advirtió que ninguno de ellos quedó plasmado en el directorio de enero de 2011 y que tampoco Puerto Madero hizo llegar antecedentes que permitieran justificar la imprescindibilidad de los ejecutivos, sobre todo considerando el costo que tuvo para la empresa.
El Presidente se pone al día
El informe de Contraloría también detecta numerosas desprolijidades en el giro de inversiones desde bancos donde la empresa tenía invertidos dineros, como el hecho que lo hicieran ejecutivos no autorizados para ellos, como el gerente general de La Nación, Francisco Feres.
También aborda una larga lista de clientes deudores con morosidades, en algunos casos, de más de 10 años. La más destacada es la del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, quien mantenía una deuda de $ 2 millones 189 mil pesos, por un servicio prestado el año 2005, cuya factura es del 14 de diciembre de ese año.
En esa fecha, el actual mandatario contrató algunos trabajos con Puerto Madero Impresores a propósito de su campaña presidencial.
La deuda, que estaba provisionada a la fecha de la revisión hecha por Contraloría, fue la única del listado de más de 40 facturas impagas, que fue saldada. El Presidente pagó su compromiso el 28 de agosto de 2012, casi siete años después de cuando correspondía y en medio de la auditoría de los sabuesos de Contraloría.
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